El Inaga aplicará un plan de agilización con 4,4 millones para personal y modernización
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) va a aplicar un plan de choque y de modernización que supondrá una inversión de 4,4 millones de euros durante esta legislatura y que tiene como objetivo superar el colapso de esta entidad, que gestiona 6.500 expedientes acumulados, con la incorporación de personal, las asistencias técnicas externas, la simplificación de los trámites y la puesta en marcha de nuevas aplicaciones con la incorporación a la administración electrónica.
Así lo ha detallado en el pleno de las Cortes de Aragón el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, quien ha asegurado que "hay que tomar medidas y actuar cuanto antes". "Proponemos un plan que incremente la capacidad de resolución del instituto en un programa escalonado que se prolongará hasta 2026", ha añadido.
El Inaga, el instituto encargado de aprobar las autorizaciones ambientales en Aragón, realiza más de 180 tramites diferentes, distribuidos en tres áreas distintas: Montes, Caza y Pesca; Biodiversidad y Medio Natural; y Medio Ambiente Industrial. En la actualidad cuenta con 76 trabajadores, de los cuales el 49% está dedicado a tareas administrativas. Para el consejero, “esta es una de las principales cosas que hay que cambiar” ya que la existencia de más personas dedicadas a la administración que a las labores técnicas “no es operativo”.
Además, Blasco ha añadido que un importante grupo de expedientes requiere de múltiples tareas manuales, formato papel, notificaciones no telemáticas y elaboración de tasas, lo que supone “una elevada carga” de trabajo tanto del personal administrativo como técnico, por lo que es “esencial” implantar “cuanto antes” la digitalización y la informatización del Instituto.
Por todas estas trabas, según lo expuesto por el consejero, actualmente de los 13.000 expedientes anuales que tramita el Inaga, 6.500 se corresponden con expedientes acumulados, lo que supone limitar la capacidad anual del instituto en un 50% en cada ejercicio. De este modo, el 52% de los expedientes en tramitación actualmente están fuera de plazos.
PROGRAMA ESCALONADO HASTA 2026
Con el objetivo de incrementar la capacidad de resolución de expedientes anual, el Inaga ha elaborado un plan con un programa escalonado de actuaciones que se prolongará hasta 2026. En lo que se refiere a la contratación y tramitación masiva, se realizará un plan de contratación mediante una externalización adicional para los expedientes fuera de plazo. Asimismo, se plantea la realización de acuerdos marco por tipologías de expedientes de forma que se puedan homologar proveedores en diferentes ámbitos.
Todo ello hace necesario la incorporación de personal adicional para realizar labores de supervisión y control, y también para mejorar el servicio prestado a los administrados y a la propia Administración ya que son numerosos los expedientes titularidad de las Administraciones, en especial planes y programas. En esta línea se prevé una dotación extra de 1.000.000 euros hasta el 2025.
La segunda línea de actuación pasa por la simplificación y revisión de los procedimientos técnicos y jurídicos. De este modo, se implementará, siempre que se pueda, la declaración responsable; se clasificarán las actividades e instalaciones según su riesgo medioambiental, reduciendo los trámites en función de los mismos; y se modificarán los correspondientes textos legales si es necesario. También se obligará a la tramitación electrónica, se establecerán tasas de autoliquidación con pago previo a la solicitud.
MODERNIZACIÓN DEL INAGA
La pieza clave en modernización del Inaga pasara por el desarrollo de la administración electrónica y la informatización, en colaboración directa con Aragonesa de Servicios Telemáticos y la Dirección General de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas. Se dotarán tres puestos de informático, que supone un coste anual de casi 174.000 euros. Esta colaboración se inició en enero y se completara en los próximos meses.
Asimismo, las aplicaciones propias del Inaga se migrarán a las de administración electrónica y corporativas, si bien será necesario adaptar las aplicaciones específicas del instituto hacia un entorno actualizado. Esta línea de trabajo tendrá un coste aproximado de 275.000 euros, con un horizonte de implantación hasta finales de 2025.
En lo que se refiere al personal, se reestructurará la plantilla, modificando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para incrementar el personal técnico con hasta 13 personas. Para todo ello se precisará un presupuesto anual de 725.000 euros. Destaca la creación de nuevas unidades especializadas en energía, urbanismo y obra pública y de coordinación de procedimientos y Proyectos Singulares. Por último, una vez normalizada la situación se implementará un sistema de calidad para lo que está prevista una inversión de 50.000 euros.
LA OPOSICIÓN VE POSITIVA LA INICIATIVA PERO PIDE QUE SE CUMPLA EN PLAZO Y MÁS TRANSPARENCIA
En la intervención del Partido Socialista, la portavoz Leticia Soria ha puesto en duda este plan de choque alegando que “no salen las cuentas” referidas al presupuesto y a los plazos señalados por el consejero. “Va a tener que ponerse las pilas para que esto salga cuanto antes. Voy a estar ansiosa de hacer un balance y valorar con la prueba de algodón si esto es tan importante como dicen y si lo van a cumplir”, ha señalado Soria.
Por otro lado, el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha valorado de forma positiva las medidas anunciadas, pero ha puntualizado que “no se puede dejar de lado el cumplimiento de la norma ambiental por desatascar los expedientes”. “Todas las reformas del Inaga para conseguir una mayor agilización están provocando que se autoricen explotaciones y parques renovables en zonas vulnerables y sensibles, sin posterior observación. En eso también se tiene que incidir para garantizar el cumplimiento de los rigores exigidos”, ha señalado Sanz.
Teruel Existe también ha sido también crítico en el ámbito de las renovables. Su portavoz, Tomas Guitarte, ha reiterado su preocupación por que “la solución sea dotar al instituto de más personal” pero que se siga “con la política del todo vale”. En esta línea ha pedido “más transparencia” y una ampliación de plantilla que sirva para “evaluar los proyectos detenidamente” y “reforzar el sector público” en referencia a la “subcontratación de empresas privadas que trabajan con las promotoras de las renovables”.
Por último, el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, y el de Podemos, Andoni Corrales, han coincidido en que es “fundamental” agilizar los trámites y esperan que con esta reforma el Instituto sea “mucho más hábil”, aunque el representante de la formación morada ha garantizado que “estarán vigilantes con el plan de choque".