A las puertas de un mes de febrero donde la vivienda apunta a ser un asunto central en Aragón, con la llegada de la ley autonómica a las Cortes, el Tribunal Constitucional avaló el miércoles que la norma del Gobierno de Pedro Sánchez permita actuar sobre los precios en las zonas tensionadas. La DGA y otras autonomías controladas por el Partido Popular mostraron su oposición a la medida y Andalucía elevó en septiembre de 2023 un recurso al TC, estimado ahora parcialmente pero sin avalar el tope al alquiler por entender que no es “irrazonable” ni “desproporcionado”, “dado que la renta máxima se fija en un valor objetivo determinado por referencia al valor de mercado y, en todo caso, esa limitación tiene una vocación de temporalidad” (hasta tres años).
El consejero aragonés de Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, se remitió en una de las últimas conferencias sectoriales a la construcción de pisos y el impulso al alquiler público asequible como la salida al problema, frente a la limitación de precios defendida por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. Palabras, en cualquier caso, previas a la sentencia. Los gobiernos populares de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, suscribieron un manifiesto contra la propuesta ministerial.
En la Comunidad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa las tres capitales de provincia, Alcañiz y buena parte del Pirineo y las estaciones de esquí como las zonas con mayor desequilibrio entre la oferta y la demanda, en especial por los efectos del turismo. En menor medida, figuran municipios como Caspe, Barbastro o Graus.
La Ley de Vivienda de Aragón tiene como objetivo actuar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada área. Una cuestión que gana importancia en un territorio como el aragonés, con una fuerte presencia del mundo rural y desequilibrios respecto a las grandes cabeceras provinciales. En esa dirección iban ya las distintas iniciativas del Plan Aragón Más Vivienda, conforme al tamaño de las zonas, y por el que se impulsaron en todo el año 2024 más de 1.800 opciones habitacionales.
La norma, todavía anteproyecto, no reconoce el carácter de vivienda de los alojamientos turísticos, pues no son otra cosa que lugares “en los que se ejerce una actividad económica complementaria de otras en ese campo (hoteles, pensiones, casas rurales, campings), aunque ese ejercicio se realice en locales que nacieron como viviendas, uso real del que han sido desviadas”. Es decir, la DGA excluirá este tipo de opciones de las tipologías “sujetas a regulación administrativa de precio en venta o en alquiler”. La responsabilidad de regular las licencias recaerá en los ayuntamientos.
SE NECESITAN “NO MENOS DE 12.000 VIVIENDAS”
Con estas cuestiones como telón de fondo, el Ejecutivo regional cifra en “no menos de 12.000” el número de viviendas necesarias para dar cabida a la demanda actual. El objetivo es desarrollarlas a lo largo de un mínimo de quince años, según refleja el propio proyecto legislativo, que busca asimismo dar una normativa a “nuevos modos” de habitabilidad, caso del ‘coliving’ o el ‘cohousing’, así como poner coto a las denominadas infraviviendas. Otro de los objetivos pasa porque los inquilinos no destinen más del 30% de sus ingresos al alquiler.
El texto fija una vigencia mínima de 20 años para las Viviendas de Protección Oficial de promoción pública y de diez para las privadas. Durante ese periodo, estarán sujetas a los precios máximos fijados por cada la normativa autonómica.
Quedan ahora dos semanas para que se retome el periodo de sesiones en las Cortes y, con él, el anteproyecto de ley se someta a su debate a la totalidad. El objetivo de la Consejería que dirige Octavio López es que el proyecto, una de las líneas maestras de la legislatura, se apruebe a lo largo de este año y con un alto grado de consenso, algo que se determinará con el paso de la tramitación parlamentaria.
