Hay vida más allá de los Presupuestos. El Gobierno de Aragón tiene en la rampa de salida una batería de leyes que pasarán por las Cortes en este arranque de 2025. Eso sí, será a partir de febrero, con el primer Pleno previsto para los días 13 y 14, después de un mes de enero marcado por la parálisis presupuestaria y la espera para despejar las incógnitas que rodean a la financiación autonómica, donde la Comunidad se juega entre 300 y 400 millones de euros en función del Fondo de Compensación frente a los efectos de la despoblación y una mayor flexibilidad en la regla del déficit.
Al margen de los asuntos que dependen de Madrid, y en pleno cruce de propuestas entre el Partido Popular y el PSOE, el parlamento aragonés aguarda la llegada del anteproyecto de la Ley de Vivienda, ya registrada. Un pequeño retraso en la tramitación hizo que no pudiese llegar a la cámara antes de finalizar 2024, como estaba previsto en un inicio. El Consejo de Gobierno le dio luz verde el pasado 27 de diciembre, después de varios meses en consulta pública, con el objetivo de que se apruebe a lo largo de este año.
El consejero del ramo, Octavio López, quiere lograr el máximo consenso entre los grupos y necesitará a Vox, el socio preferente de los populares hasta la ruptura de la coalición el pasado verano. Se trata además de una iniciativa compartida por ambas formaciones y que figura en el Pacto para la Gobernabilidad de Aragón que permitió la investidura de Jorge Azcón. Las enmiendas moldearán un texto final que parte de la necesidad de impulsar un marco normativo para regular los nuevos proyectos constructivos. La DGA busca, entre otras cuestiones, convertir los suelos dotacionales que hayan perdido su uso o asegurar que los inquilinos no tengan que destinar al alquiler más del 30% de sus ingresos, así como ampliar el parque público de vivienda accesible, también de compra.
La norma lleva la etiqueta de ser uno de los principales proyectos de la legislatura, de la mano del Plan Aragón Más Vivienda, que ya se ha comenzado a implementar. Esta iniciativa y la ley inciden también en los pequeños municipios, tanto a través de la rehabilitación de casas como con la construcción de nuevas alternativas habitacionales en función de las necesidades de cada localidad.
Con la tragedia en la residencia de mayores de Villafranca de Ebro de fondo, la Consejería de Bienestar Social y Familia quiere llevar a las Cortes este primer trimestre del año el nuevo decreto de las residencias, la conocida como Ley de Ordenación de Entidades Privadas. La normativa actual data de los años 90 y el Ejecutivo de Javier Lambán no pudo actualizarla pese a comprometerse. Jorge Azcón achacó a razones financieras que permanezcan sin cambios puntos como las ratios de personal o la cartera de servicios, ante las nuevas necesidades asistenciales de los usuarios. Con todo, la consejera Carmen Susín y Azcón insisten a la hora de pedir al Estado incrementar la financiación de la dependencia hasta el 50%, el objetivo establecido por ley.
EL MAPA SANITARIO Y LA LEY DE ADICCIONES
La sanidad apunta a ser uno de los campos con mayor actividad parlamentaria. Febrero es la fecha que apuntó el responsable regional, José Luis Bancalero, para sacar a la luz la propuesta de modificación del mapa sanitario de 1986. Hay tres opciones sobre la mesa: agrupar las Zonas Básicas de Salud (ZBS) existentes, crear “suprazonas” o adaptarlas a la organización comarcal. La telemedicina, los nuevos servicios de ambulancias o el uso de la cita previa en la Atención Primaria rural son otros de los frentes que se abordarán en los próximos meses.
Por otro lado, el anteproyecto de Ley de Adicciones concluirá su plazo de consulta pública en la primera semana de febrero. La norma vigente sobre drogodependencia tiene ya 23 años. Según la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, urge abordar la aparición de nuevas sustancias ilegales y la influencia de las nuevas tecnologías en el consumo. En el cajón del Departamento está también el anteproyecto para convertir el área que controla Gayán en un instituto, paso indispensable para acoger la Agencia Estatal (Aesap) a la que aspira Zaragoza.
En materia económica y fiscal, si bien las bajadas de impuestos y las deducciones planteadas por el presidente siguen en punto muerto al depender de los Presupuestos, destaca la Ley de Agilización Administrativa y de atracción de inversiones. El periodo de alegaciones finalizó en noviembre, aunque no ha pasado por el Consejo de Gobierno.
La modificación de la Ley de Agricultura Familiar está prevista para antes del verano. Es el principal frente a abordar por parte del consejero Javier Rincón, si bien los trámites arrancaron con Ángel Samper en el cargo. El que fuera líder de Asaja pretendía derogarla y su sucesor ha optado por una modificación más consensuada con las organizaciones agrarias.
Desde las OPAS, el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, se refirió a esta norma como un mecanismo para abordar la amenaza que supone para el modelo familiar el desembarco de los fondos de inversión. “Necesitamos legislación y control”, subrayó a los medios durante el balance de 2024.
Sin rango de ley, el Gobierno de Aragón tiene pendiente la presentación los planes de la Logística (2025-2040), Energético (2024-2030), uno nuevo de adicciones complementario al citado texto legislativo, el decreto por el que se regula el Reglamento del Juego, que emana a su vez de la norma impulsada por Podemos la legislatura pasada; o concluir el proyecto de reintroducción del lince ibérico.
