La vuelta del ordeno y mando
El Gobierno que preside Mariano Rajoy ha pedido a su homólogo aragonés que reduzca su entramado institucional, administrativo y societario en un plazo de dos años y ha incluido en esa petición la supresión del Justicia y el Tribunal de Cuentas. El argumento utilizado es conocido: hay que evitar duplicidades para que el Estado sea menos costoso y sostenible en el tiempo.
En realidad, esta propuesta es parte de la reforma de las administraciones públicas que anunció Rajoy en su discurso de investidura y deriva de un informe realizado por varios expertos a petición de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Desde el entorno del Partido Popular hace tiempo que se ha puesto en tela de juicio el actual Estado autonómico por considerarlo caro e ineficiente, olvidando que entre las autonomías con más problemas por el gasto destacan algunas, como Valencia, en las que llevan gobernando cuatro legislaturas.
Los estatutos de autonomía son fruto de acuerdos políticos entre los principales partidos, entre otras cosas porque requieren mayorías amplias para su aprobación. Sorprende ahora que, aprovechando la crisis económica, un partido intente utilizar su mayoría absoluta para modelar el Estado a su gusto y más aún que se considere posible imponer desde la Administración Central cómo deben ser las comunidades autónomas.
Por más que lo desee, el PP no puede dejar el Estado autonómico en los huesos mediante una supuesta reforma de las administraciones públicas. Es razonable y elogiable la respuesta de la presidenta Rudi de que el Estatuto de Aragón (tiene rango de ley orgánica) no se toca. Estaría bien que el PAR y los demás partidos aragoneses dijeran bien alto que la economía no es razón para descafeinar las autonomías en un proceso que suena claramente recentralizador. Desde Madrid, el resto de España les parece tierra conquistada y esa no es una buena actitud para que todos se sientan cómodos en un proyecto común de Estado.
Llevamos ya dos años de reformas/recortes y la experiencia permite concluir que se está recurriendo a la economía para justificar cambios políticos de mucho calado. Ha sucedido con la reforma laboral y con las cajas de ahorro, instrumento financiero de las autonomías durante todos estos años. Lo que se ha cambiado requirió enormes esfuerzos de consenso y acuerdo político. Sin embargo, ahora están cayendo de la mano de decisiones del Consejo de Ministros, algunas sin pasar siquiera por las Cortes Generales.
Es sabido que los ciudadanos votamos políticos, no economistas. También que política significa gestión de la polis; es decir, de la ciudad, de los intereses públicos. Este concepto queda lejos de la economía, ligada a la gestión eficiente y rentable de bienes e intereses. Por eso es grave que, de la mano de la Unión Europea, en España la política esté siendo absorbida por la economía. Parece como si todas las decisiones de los gobiernos debieran estar justificadas por la rentabilidad económica, cuando no por la adecuación coste/beneficio.
He oído en las Cortes de Aragón a los consejeros Serrat y Oliván justificar la baja asignación de recursos para las ayudas a libros y comedores escolares y para el Ingreso Aragonés de Inserción, respectivamente, en que las disponibilidades presupuestarias no permitían otra cosa. Sin embargo, acabamos de saber estos días que el consejero Fernández Alarcón ha acordado el pago de 4,9 millones de euros a las concesionarias del Plan de Carreteras de Aragón, aprobado por el Gobierno PSOE-PAR y suspendido por el actual Ejecutivo: se les ha dado ese dinero a cambio de que renuncien a litigar por la suspensión de los contratos ya adjudicados. Es decir, para unas cosas no hay dinero, pero para otras, nada sociales por cierto, parece que sí.
Es evidente que el actual modelo de Estado tiene múltiples duplicidades, entre otras razones porque al modelo unitario se le sobrepuso el autonómico sin que aquel redujera su estructura. Pero es difícilmente aceptable que siempre las duplicidades sean de los otros, no propias. Esto es lo que viene pasándole al Partido Popular y al Gobierno de Rajoy. Se cansan de pedir a las autonomías que recorten, pero ellos no están bajando el gasto de personal; es decir, siguen con la misma estructura. Basta mirar los ministerios de Sanidad y Educación, cuyas competencias han sido transferidas.
En estos meses se han conocido en España pruebas suficientes de que las administraciones públicas, también las autonómicas, han gastado muchísimo y muy mal. No se trata, pues, de poner en cuestión la necesidad de gestionar mejor, de reducir los costes del entramado institucional público – las sociedades, por ejemplo –, de asegurar que no se usan los dineros públicos para contentar a amigos empresariales o sindicales y sí para que los ciudadanos reciban servicios públicos de la mayor calidad posible.
Pero usar esta expectativa social, incluso esta necesidad colectiva, como una coartada para llevar el modelo de Estado donde solo un partido lo quiere tener es de difícil explicación en una democracia. Menos aun cuando el Partido Popular se calló todas estas reformas/recortes en su programa electoral. Es posible que el Justicia y la Cámara de Cuentas no sean básicos para la vida de los aragoneses. Seguro que tampoco lo son unas cuantas sociedades públicas de la Administración autonómica.
Pero, quien quiera afrontar esa tarea deberá empezar por llevarla a las Cortes de Aragón y mirar cuántos diputados piensan igual. Entre otras razones porque allí se aprobó por inmensa mayoría, incluido el propio PP, su existencia en el Estatuto de Autonomía. Utilizar el ordeno y mando desde Madrid, sinceramente, parece propio de otros tiempos.