Si los caballos no compran periódicos
En un libro que recoge anécdotas sobre más de cien periodistas aragoneses (www. http://www.aparagon.es/cosas/caballo.pdf) se cuenta como allá por 1970 Eduardo Fombuena, director de Aragón Express, rompió todas las fotografías que le había traído Fernando García Luna sobre un concurso hípico que le había mandado cubrir. Ante la sorpresa de este y su petición de explicación, le arguyó que no quería caballos en las fotos sino personas, preguntándole: “¿Los caballos compran periódicos? ¿Ha visto alguna vez un caballo comprando un periódico en un quiosco?”.
Ha llovido demasiado desde entonces y es posible que esta situación propia de los hermanos Marx parezca hasta ridícula. Sin embargo, en aquel contexto reflejaba la obsesión de un periodista – y eso era realmente raro – por pensar en el cliente, antes incluso que en la noticia o en la información. Se trataba de comprender qué hacía vender periódicos y, en su opinión – cabe pensar también que en su experiencia –, a la gente le gustaba verse en el periódico y por eso lo compraba, más allá de la mayor o menor afinidad con los caballos premiados en el concurso.
He recogido este ejemplo porque quienes gobiernan en estos momentos, las principales instituciones españolas y aragonesas, parecen haber olvidado este principio básico: lo importante es el cliente, aunque eso implique elegir entre los llamados mercados y los ciudadanos. Basta mirar la obsesión por recortar en Sanidad, Educación y Servicios Sociales para darse cuenta de que son muchas las personas castigadas con todas esas decisiones. Entre otras, los profesionales que prestan el servicio y quienes lo reciben. También sus familias. Y todas ellas votan.
En cambio, además de a los bancos, parecen decididos a proteger a las grandes empresas: el Ministerio de Fomento va a nacionalizar las autopistas radiales de Madrid para que no quiebren, como antes hizo De Guindos con Bankia; el Gobierno de Aragón tiene avalados más de 1.200 millones de pesetas a empresas, entre ellas el Zaragoza, y no deja de meter dinero en Plaza, Expo Empresarial o Motorland. Sin duda, los empresarios y ejecutivos también votan, pero todavía son muchos menos.
Olvidar a los ciudadanos para dar primacía a los poderes económicos y a los sectores sociales que los representan implica asumir el riesgo más que probable de un fuerte castigo electoral. Las piedras de las carreteras aragonesas, las buenas o malas comunicaciones rara vez deciden el voto. En cambio, que los desempleados, los trabajadores, los profesores, los médicos o los profesionales de la acción social sientan que se les está despreciando, además de castigando injustamente en sus derechos laborales, puede marcar su conducta electoral.
El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, hizo hace unos días unas declaraciones en las que loaba que los jóvenes españoles tuvieran que salir de España a buscar el trabajo que aquí no tienen. Aducía que eso era bueno para su formación y que así después estarían en condiciones de mejorar su cualificación y retribución. Por buena voluntad que se ponga al interpretar sus palabras, es difícil dar por buena esta forma de ver el expolio de talento e ilusión que vive España estos últimos años con la marcha obligada a otros países de miles de jóvenes españoles muy cualificados. Otra cuestión es que ellos quisieran irse fuera a trabajar, pero eso no es lo que está pasando.
Es demasiado frecuente que los políticos hablen de los problemas de la gente, sean los desahucios, el desempleo o la emigración juvenil, de una forma deshumanizada, como si fueran números, conceptos teóricos o entelequias colectivas. Pero, tras esos problemas hay personas, familias concretas, sentimientos y experiencias traumáticas de vida, aunque ellos parezcan olvidarlo. Quizá por eso, y por otras cuestiones como la corrupción – 101 sumarios judiciales abiertos a políticos ahora mismo en la Comunidad Valenciana –, el último estudio del CIS corrobora la enorme distancia entre el sistema político y los ciudadanos: la intención de voto entre PSOE y PP apenas sobrepasa el 50 % y la credibilidad de los dirigentes políticos y las instituciones sigue cayendo a pesar de que ya era muy baja.
Hace unos meses un alto directivo bancario afirmó que, a lo largo de la historia, las crisis económicas siempre las han pagado los pobres y que esta no iba a ser distinta. El determinismo de este diagnóstico quizá explique algo de la extraña resignación pasiva con la que estamos asistiendo a la pérdida en unos meses de derechos sociales y ciudadanos cuyo logró exigió siglos de lucha. La respuesta cívica a situaciones de injusticia manifiesta casi se reduce al movimiento Stop desahucios y ya se está viendo la reacción de los poderes políticos – el PP prepara una nueva Ley Hipotecaria en la que va a cambiar algo para que todo siga igual –.
Votar es una de las pocas acciones en manos de los ciudadanos para poder cambiar las cosas. En otros momentos de la historia el desengaño y la rebelión social se canalizaban de otra forma. La democracia permite que quienes se sienten castigados injustamente, preteridos respecto a otros que parecen disponer de más derechos y privilegios o, simplemente, olvidados por quienes debían representarlos puedan dar su respuesta en las urnas.
El régimen salido de la transición ató todo bien – Ley electoral, incluida– para que solo haya dos opciones reales de gobierno, uno a la derecha, otro a la izquierda. Si la crisis se prolonga, y con ella el deterioro de las instituciones públicas, sus representantes y la clase política, este régimen monárquico bipartidista puede empezar a ser historia. Porque aquí los caballos (o los mercados) tampoco votan. Y sí que tienen ese derecho quienes sufren cada día los injustos efectos de esta crisis nacida en la tripa de la ballena de los poderes financieros, a la vez que asisten ateridos al carnaval de la corrupción política.