Excrementos, ADN y otras ocurrencias

Porque estamos en abril, pero si me lo dicen a final de año, pensaría sinceramente que es una inocentada. Eso es lo que me lleva sucediendo desde hace varios meses con el Ayuntamiento de Zaragoza, desgobernado por Zaragoza en Común, con la inconmensurable labor “rectora” de Pedro Santisteve, alcalde que va a santificar a sus predecesores por vivir instalado en la permanente ocurrencia, cuando no en el dislate más absoluto. Esto lo que pasa cuando uno llega al poder de rebote, o cuando se vota más una venganza que un programa y se da pábulo a ciertos sujetos. Eso es, esencialmente, Zaragoza en Común, marca blanca de Podemos en esta ciudad.

Porque estamos en abril, pero si me lo dicen a final de año, pensaría sinceramente que es una inocentada. Eso es lo que me lleva sucediendo desde hace varios meses con el Ayuntamiento de Zaragoza, desgobernado por Zaragoza en Común, con la inconmensurable labor “rectora” de Pedro Santisteve, alcalde que va a santificar a sus predecesores por vivir instalado en la permanente ocurrencia, cuando no en el dislate más absoluto. Esto lo que pasa cuando uno llega al poder de rebote, o cuando se vota más una venganza que un programa y se da pábulo a ciertos sujetos. Eso es, esencialmente, Zaragoza en Común, marca blanca de Podemos en esta ciudad.

A nivel municipal, si algo comparten Valencia, Zaragoza o Cádiz es que en sus consistorios se ha creado una especie de “gincana de esperpentos”, que nada tienen que ver ni con la “emergencia social” que se señalaba en la campaña, ni con la lucha contra la corrupción, ni contra ninguna de las patrañas que fantásticamente se construyen por los morados, y que muchos compran -cada vez menos, por cierto-.

Una idea nueva, estratégica, una genialidad del Derecho Administrativo sancionador, emulada de Játiva –y algún otro municipio, seguro, demográficamente de un tamaño perfectamente extrapolable a Zaragoza- ha sido concebida en el gobierno de la improvisación de ZeC. Ya pasando de la preocupación por el tránsito intestinal del Sr. Alcalde, nos ocupa la cuestión de las deyecciones de los perros. Y en este sentido, a grandes males, grandes remedios, que somos ricos: análisis de ADN de los “zurullos” de los bichos, a los efectos identificativos y sancionadores oportunos.

La medida, más allá de su viabilidad técnica, es jurídicamente una patochada que no puede dejar de causar verdadero sonrojo en cualquier persona con una mínima formación en esta materia. Quizá por ello, sorprende que un jurista como Santisteve, que me consta conoce la norma, permita tal exhibición de desleimiento intelectual en sus filas.

El asunto, al parecer, será del siguiente porte. A los perros, en el momento de ponerles el chip, se les extraerá las muestras oportunas para determinar el ADN, y en tal medida, se generará un registro –a futuro, con lo que los actuales perros no identificados podrán defecar a discreción-, y con ello, se multará a los incívicos dueños.

La medida, en abstracto, parece una proeza en pos de la limpieza. El problema es que resulta tan absolutamente absurda que es risible, desde la óptica jurídica administrativa.

Más allá de ver quienes van a ser los trabajadores encargados del coprocultivo –esto es, de recoger las muestras-, una “patrulla canina”, para que ese acto administrativo pueda surtir efectos probatorios en lo que sustanciar una denuncia y eventual sanción se refiere, deberá efectuarse en presencia o por la propia Policía Local. En segundo lugar, habrá que tomar una cantidad de “sustancia” suficiente para que se pueda analizar, y que el denunciado pueda efectuar un contraanálisis –es un derecho-. En tercer lugar, habrá que garantizar una cadena de custodia de esos elementos –o pagarían justos por “mierdas ajenas”, si se me permite-. Cuarto lugar, bastaría con que el perro no esté “empadronado” en esta ciudad; es decir, perros de otras ciudades –desde Utebo a Tokio- pueden irse de vareta por nuestras calles de forma impune. Quinto, aun suponiendo que consigamos que el dueño pague el valor real del “servicio” –prueba, recogida y custodia- con la correspondiente sanción, ¿qué ocurre con los insolventes o los perros sin chip –que haberlos, haylos, como las meigas-?. Sexto, en un eventual recurso ante la jurisdicción contenciosa, ¿quién custodia esa “prueba de convicción”? Podría seguir, pero creo que ya es bastante escarnio. En resumen, un mal sainete. 

Por todo lo expuesto, una vez ya cambiados los nombres, puestas las banderas en el balcón, engominados y bien de vientre, ¿cuándo toca ocuparse de las medidas sociales y de las emergencias de esta ciudad? Creo, honestamente, que va siendo hora de demostrar si detrás de la “casta” y de los eslóganes hay un programa serio o, si por el contrario, nos esperan varios años más de majaderías.