En tela de juicio

Hay trabajos cuyos sinsabores no están pagados con dinero. Por hiperbólica que pueda sonar esta afirmación, no se desvía de la realidad en el caso del Poder Judicial.

En estos últimos años hemos venido observando un permanente y continuo ataque a las decisiones judiciales e incluso nominalmente a jueces y magistrados. Son golpes velados algunos, más nítidos otros, pero que al final pretenden menoscabar la independencia sagrada que este pilar del Estado de Derecho debe tener y conservar como garantía a los ciudadanos.

En este desgaste permanente los medios de comunicación juegan, por desgracia, un papel esencial, donde, la atalaya del Derecho a la Información ha sido extendida no ya como derecho fundamental, sino como una especie de “bula de cruzada”, casi ilimitada.

En esa infinitud más que cuestionable, muchos medios se amparan para dar estopa a los jueces también, como si la labor judicial fuera un arbitraje futbolístico, dedicando carruseles matutinos y vespertinos a calificar a estos profesionales como “conservadores” o “progresistas”, o a dedicar páginas de periódicos más que a un análisis jurídico de los casos de actualidad con cierto rigor, que es lo deseable, a un estudio del perfil del juzgador, de sus filias y fobias.

No es de recibo en una democracia que el juez tenga la presión mediática a la que se está acostumbrando y entendiendo como razonable, pues ello va en detrimento de la independencia. Ello, sumado a los juicios paralelos, hacen de la labor en estos momentos un ejercicio de verdadera vocación.

Antes era algo infrecuente, pero hoy ya no nos sorprenden declaraciones de políticos, de diputados y senadores, no sólo cuestionando la actuación judicial en un determinado asunto, sino soflamando desde la impunidad que da la tribuna del Congreso la inocencia de un sujeto condenado por delitos de terrorismo. Todo vale, y el descrédito a la actuación de todos los profesionales implicados en el procedimiento se convierte en máxima respecto del sujeto que firma esa sentencia, del magistrado que tiene que fajar como un boxeador las críticas hacia su trabajo, expuesto a que cualquier tertuliano de turno le dé una clase magistral de derecho para “dummies”.

Muchas veces nos cargamos al mensajero. Suele ocurrir en los casos más truculentos o que causan mayor impacto social, donde esperarían muchos del juez una actuación distinta de la que tiene que tener, y que no es otra que ser la boca de la ley (la bouche de la loi), como diría sabiamente Montesquieu. El juez tiene una labor de interpretación de la norma, pero no es un creador caprichoso, y mucho menos en el Derecho Penal, donde el principio de legalidad, el famoso “nullum crimen sine previa lege” tiene que ser escrupuloso.

Para que exista delito tiene que estar tipificado como tal la conducta, y las consecuencias jurídicas del mismo también están tasadas, de forma que el juez debe limitarse a comprobar y aplicar, no puede ser objeto de pasiones e iras. Esto hace que mucha gente cargue contra el juez lo que debería reprochar al legislador, a los que hacen aquellas leyes que los jueces se ven obligados a aplicar en su labor.

En resumidas cuentas, valgan estas líneas como contrapeso a los permanentes envites que sufren estos profesionales, los jueces, impropios de un Estado de Derecho donde, si pretendemos que siga siendo tal, es perceptivo que se busque por parte de todos una mayor consideración a la independencia judicial, un respeto a las actuaciones y decisiones, sin perjuicio de la libertad de expresión, claro está.

Sólo desde esa perspectiva se podrá garantizar no sólo una justicia más justa, sino un Estado donde la democracia no se vea atacada por el flanco más incisivo, que puede en extremo ser letal para la misma.