El Tribunal Supremo ha anulado el decreto mediante el cual la Generalitat de Cataluña pretendía presentar al Consejo Nacional del Agua su Plan Hidrológico Interno, tras recurrirlo Aragón. Prevalece que la Comunidad vecina no tiene la posibilidad de planificar con aguas que pertenecen, en este caso, a Aragón.
Nuevo revés para una Autonomía con claras ansias expansionistas, que ve cómo se anula el plan y es necesario realizar otro. Un nuevo documento que, si quiere cumplir la legalidad, no podrá contar con las aguas de una Comunidad donde cada gota es necesaria para la subsistencia del territorio.
Es inconcebible que para resolver la necesidad de agua se recurra a aportaciones externas, más aún cuando proceden de lugares con los mismos problemas. La sociedad española debe concienciarse de que no solo falta agua en Cataluña, Comunidad Valenciana o Murcia sino que zonas de Aragón tienen tantas o más necesidades que estas autonomías.
Las relaciones con la vecina Cataluña han tomado una deriva que parece difícil de reconducir. Los lazos parecen rotos y los conflictos ya se amontonan. Primero fueron los bienes, luego las ganas de anexionar el Aragón oriental o la aparición de la “corona catalanoaragonesa” y ahora, de nuevo, el agua. No serán los últimos, puesto que el apetito de esta Autonomía parece no tener fin.
Cataluña necesita a Aragón tanto como esta última Comunidad a la primera y es algo que la sociedad debe entender. Ambas autonomías deben avanzar juntas para salir de esta crisis, pero desde la concordia, la lealtad y respetando las reglas de juego constitucionales. Algo que la Autonomía vecina no entiende, por el momento, y que obliga a la DGA a estar vigilante. Un trabajo que debe seguir en el mismo sentido, planteando ante los tribunales cualquier mínima cuestión que pueda dañar los intereses de los ciudadanos y del territorio aragonés.
