Zaragoza rechaza la regularización de migrantes y exige cifras, financiación y coordinación
La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marián Orós, ha anunciado el envío de una carta formal al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, para expresar el "rechazo absoluto" del consistorio zaragozano al real decreto que el Ejecutivo central prevé aprobar en abril para la regularización extraordinaria de personas migrantes. Orós ha criticado que se trate de una medida adoptada por decreto, sin debate parlamentario, y ha asegurado que carece de memoria económica, cifras oficiales y garantías jurídicas.
La responsable municipal ha calificado la iniciativa de "improvisada" e "irresponsable", al considerar que no existe planificación operativa ni coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos, que serán "quienes asuman el mayor impacto". Según ha advertido, el anuncio ya está provocando un "efecto llamada" en la ciudad, con un incremento del 20% en las consultas relacionadas con el padrón y un aumento de peticiones de asesoramiento jurídico en la Casa de las Culturas y en los servicios sociales.
Orós ha señalado además que el impacto sociodemográfico, económico y administrativo de la medida "no está calibrado". Aunque no existen cifras oficiales, ha indicado que se habla de cientos de miles de personas en el conjunto del país, e incluso de hasta dos millones si se incluye la reagrupación familiar. En Aragón, las estimaciones informales apuntarían a entre 12.000 y 15.000 personas, ha dicho.
RIESGO DE COLPSO
La consejera ha advertido de que la regularización masiva supondrá una mayor presión inmediata sobre los servicios sociales municipales, la vivienda, la inclusión sociolaboral y la atención jurídica. En particular, ha mostrado su preocupación por los informes de vulnerabilidad previstos en el decreto, cuyo volumen podría generar "una avalancha administrativa" sin refuerzo de personal ni financiación adicional por parte del Estado.
En la carta remitida al delegado del Gobierno, el Ayuntamiento de Zaragoza solicita también información detallada sobre la estimación concreta de personas que podrían acogerse a la regularización en Zaragoza, los refuerzos previstos en las oficinas de extranjería y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los plazos de resolución y la existencia de una memoria económica con dotación presupuestaria específica para la ciudad. También reclama mecanismos claros de coordinación institucional e información pública.
Asimismo, Orós ha planteado dudas jurídicas sobre el procedimiento, especialmente en lo relativo a la acreditación de antecedentes penales y a la posibilidad de sustituir documentación oficial por declaraciones responsables. También ha cuestionado la viabilidad de ejecutar el proceso entre abril y junio de 2026, al considerar "imposible" tramitar un volumen tan elevado de solicitudes en tres meses sin generar errores y colapso administrativo.