Zaragoza debatirá en Pleno la aprobación de un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del ICA

Zaragoza.- El Gobierno Zaragoza llevará a votación en el próximo Pleno, que se celebrará el 21 de marzo, la aprobación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula la aplicación del Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA). Según ha dicho el portavoz del Gobierno de Zaragoza, Fernando Rivarés, se trata de un impuesto "malo, negativo, que castiga y agrava a los habitantes de la ciudad". Según ha argumentado Rivarés "se ha generado un conflicto en defensa de la autonomía local".

"Quien no contamina no tiene que pagar las contaminaciones ajenas", ha recalcado el portavoz del Gobierno de Zaragoza. En este sentido, ha recordado que la ciudad lleva "más de 25 años depurando sus aguas".

El ICA, según ha manifestado Rivarés, producirá un "encarecimiento bochornoso". Tanto es así que, según ha cifrado, supondría un aumento del 32% en los hogares de dos miembros, de hasta un 130% en los unipersonales con bonificación, un 21% para los comercios y un 17% para las industrias.

Rivarés ha admitido que, pese a "haber intentado negociar con la DGA desde agosto", todavía "no hemos tenido ninguna información oficial". Además, ha añadido, que "pudo haber habido un convenio que regulara este impuesto en Zaragoza con una compensación de hasta 40 millones de euros en obras hidráulicas en la ciudad". Obras que, según ha declarado, hubieran sido asumidas por el Instituto Aragonés del Agua pero que "nunca se firmó y que quien nunca quiso firmarlo ni dialogarlo fue el que hoy impone este impuesto a la ciudad de Zaragoza".

Además, Rivarés ha indicado que la tarifa del ICA tiene una cuota "muy alta de inicio que no se puede mover" que son 60 euros mínimo al año por hogar. "Es un coste económico tremendo y significaría pagar dos veces por un mismo concepto", ha alegado.

Por todo ello, y después de que el Gobierno de la ciudad presentase este asunto el pasado 1 de marzo ante el contencioso administrativo, para llevarlo al Tribunal Constitucional, la medida tendría que contar con el respaldo de una mayoría absoluta en el Pleno. En este aspecto, Rivarés ha confesado que esperan llevarlo adelante porque "la obligación es defender los intereses de la mayoría de la población". Todo ello para defender, ha dicho, la autonomía local.

Rivarés ha dejado claro que no entienden ni la "presión" ni la "rapidez" del Gobierno de la Comunidad para sacar adelante este impuesto. Aunque, sí ha aseverado que "no será que la única razón es recaudar para tapar los agujeros del Plan de Saneamiento y depuradoras del PAR en los dos últimos gobiernos que dejó a muchos municipios sin depuración a pesar de que la están pagando y que en principio no afectaba a la ciudad". En este sentido ha informado de que todavía no se ha hecho una auditoría del Instituto Aragonés del Agua para conocer ese "agujero económico".