Los vecinos de Vía Hispanidad continúan sin recibir respuesta a las más de 2.000 alegaciones que presentaron contra el proyecto urbanístico que prevé construir 470 viviendas sobre terrenos actualmente destinados a equipamientos deportivos. Agrupados en la nueva asociación “Pirulí. Por un urbanismo justo”, no descartan llevar el caso ante la justicia si el Ayuntamiento de Zaragoza aprueba de forma definitiva la recalificación del suelo.
El presidente de la entidad, Pablo Ricardo Asín, ha asegurado que están preparados para recurrir por vía contencioso-administrativa si no se atienden sus demandas. Durante una rueda de prensa celebrada este martes, representantes vecinales han lamentado la falta de diálogo por parte del Consistorio y han recordado que, hasta la fecha, no se ha dado respuesta formal a ninguna de las alegaciones presentadas.
Asín ha reiterado que la operación, además de suponer una pérdida de espacios deportivos esenciales, se ha diseñado sin un proceso de participación ciudadana efectivo ni garantías urbanísticas suficientes.
La asociación vecinal, nacida tras conocerse el plan de recalificación a finales del pasado año, ha logrado movilizar a cientos de personas del barrio. A lo largo de estos meses han organizado asambleas, concentraciones y acciones informativas para visibilizar su rechazo al proyecto. En una de las protestas más multitudinarias, más de 500 vecinos se reunieron en el skate park afectado.
Entre las principales críticas se encuentran la eliminación de servicios deportivos fundamentales y la ausencia de propuestas alternativas. Los vecinos alertan de que el traslado del campo de fútbol a una localización periférica podría desalentar la práctica deportiva entre los miles de menores de la zona.
Asimismo, denuncian que la pista de patinaje, única homologada en Zaragoza, quedaría sin sustitución, mientras que la llegada de nuevas viviendas no vendría acompañada de mejoras en infraestructuras básicas como centros educativos, sanitarios o zonas verdes.
Además de las carencias sociales y de servicios, los vecinos señalan posibles "irregularidades legales" en la modificación del plan urbanístico. Argumentan que la recalificación vulnera normativas en vigor al superar densidades máximas y eliminar dotaciones públicas sin justificación. También critican que los ingresos derivados de la operación se destinen a financiar proyectos ajenos al barrio, como el nuevo estadio de la Romareda.
