El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha acusado a la alcaldesa Natalia Chueca de “doble vara de medir” con la sociedad deportiva Tiro de Pichón al no reclamar una deuda superior a los 10 millones de euros que mantiene con el Consistorio desde hace más de dos años. El Gobierno municipal ha respondido defendiendo su actuación, asegurando que ha seguido en todo momento el criterio de los servicios jurídicos municipales y que no se ha procedido con la reclamación por encontrarse pendiente de resolución judicial.
La portavoz socialista, Lola Ranera, ha solicitado un informe jurídico al secretario del Pleno para que valore las consecuencias de esta inacción administrativa y determine si existen responsabilidades derivadas de la falta de tramitación del expediente. En sus declaraciones, ha denunciado que mientras se perdona dinero a entidades como el Tiro de Pichón, se incrementan impuestos y tasas a la ciudadanía, lo que considera una “doble vara de medir” por parte del Gobierno local.
Ranera ha calificado de “inaceptable” que el Ayuntamiento no actúe para recuperar esos fondos, especialmente “cuando existen necesidades prioritarias en barrios como La Almozara, que carecen de instalaciones básicas como piscinas públicas”. Además, ha insinuado posibles vínculos entre el club privado y dirigentes del Partido Popular, cuestionando la transparencia del Gobierno municipal en este asunto.
Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha tildado de “anormalidad administrativa sin precedentes” la situación generada por la falta de respuesta al recurso de reposición presentado por el Tiro de Pichón en diciembre de 2022. Según Royo, el expediente ha permanecido más de un año sin tramitarse, lo que habría permitido que se concediera tácitamente la suspensión del acuerdo plenario que exigía la devolución de los fondos públicos.
EL PP ASEGURA QUE SIGUE LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS
Desde el equipo de Gobierno se ha rechazado tajantemente cualquier acusación de favoritismo o negligencia. Aseguran que, siguiendo las recomendaciones técnicas y jurídicas, se ha optado por no avanzar en la tramitación del expediente mientras no se resuelva el contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad deportiva contra el deslinde de terrenos realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Consideran que hacerlo antes de la sentencia pondría en riesgo la seguridad jurídica de la operación.
El Ejecutivo municipal también ha lamentado que el PSOE “distorsione los hechos con fines políticos” y recuerdan que esta cuestión ya fue abordada por gobiernos anteriores, incluidos los de Zaragoza en Común. Insisten en que todas las decisiones adoptadas se han basado en informes técnicos y legales, y acusan a los socialistas de ignorar deliberadamente este contexto judicial para generar un conflicto artificial con intereses partidistas.
