Protestas en el taxi: Zaragoza no dará nuevas licencias de VTC
En plena crisis del sector del taxi, con movilizaciones y a la espera de nuevas reuniones, el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un paso más y ha respaldado al que es considerado un servicio esencial para la ciudad al afirmar que no concederá nuevas licencias a los VTC, sus principales competidores. Solo Vox se ha mostrado en contra de la medida.
En concreto, ha sido una moción de Zaragoza en Común la que ha solicitado este y otros aspectos en aras a mejorar las condiciones de los taxistas que dan servicio a la ciudadanía. Es el caso, por ejemplo, de que en el plazo máximo de un mes se habiliten unos baños gratuitos para sus conductores en la Estación Delicias. También el impulso de espacios suficientes con sombras para garantizar las condiciones mínimas de temperatura en las zonas de espera del servicio público del taxi, en un plazo de 15 días.
La propuesta, que ha sido apoyada por el PSOE y que ha contado con la abstención del PP, también velará porque la Policía Local refuerce el control de Uber y Cabify, especialmente a partir del 6 de octubre, momento en el cual ambas empresas no podrán realizar ningún servicio urbano en Zaragoza.
Actualmente, tal y como ha recordado la consejera de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, hay 80 licencias de VTC activas. Para ellas, ha dicho Gaudes, no ha cesado la vigilancia. "Se han tramitado 225 propuestas de sanción. Esto quiere decir que el gobierno de la ciudad vela porque todos los ciudadanos cumplan la ley", ha incidido. Sin embargo, su abstención se debe, entre otros motivos, a que tanto ella como la anterior consejera y ahora alcaldesa, Natalia Chueca, ya estuvieron en contacto con Adif para colocar zonas de sombra y permitir el acceso a urinarios. Ambas propuestas han sido rechazadas en varias ocasiones.
VOX SE POSICIONA EN CONTRA
Desde Vox, su concejal, David Flores, pese a haber defendido la labor del sector del taxi en la ciudad, incluso habiéndoles propuesto para el título de Zaragozano Ejemplar, ha emitido su voto en contra al considerar que un conflicto de intereses no puede servir para juzgar si la ciudad "tiene la necesidad o no de más licencias". De igual forma, ha dicho Flores, "si hay incumplimiento por parte de un colectivo, lo que hay que hacer es denunciarlos, no criminalizar".