Preocupación en Zaragoza por la llegada de 50 migrantes a la Casa de las Culturas en busca de ayuda

El Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al delegado del Gobierno en Aragón una reunión urgente
Se trata de personas a las que se les habría acabado alguno de los programas internacionales en los que estaban integrados

El Ayuntamiento de Zaragoza, y más en concreto su consejera de Políticas Sociales, Marián Orós, ha mostrado su preocupación por la crisis migratoria que vive actualmente España y sobre todo por alguna situación que se ha dado recientemente en la capital aragonesa. Más allá de la polémica surgida en las últimas semanas sobre la gestión por parte del Gobierno de España de este asunto, Orós ha puesto de ejemplo lo ocurrido el pasado jueves en la Casa de las Culturas, cuando "más de medio centenar de migrantes provenientes de Mali" acudieron en busca de ayuda.

Pese a que en un primer momento no se les pudo atender ante la imposibilidad de comunicarse con ellos, se les citó al día siguiente, ya con un traductor, para poder escucharles. Fueron 27 las personas que volvieron y manifestaron, según ha detallado la consejera, que "a algunos se les había acabado el tiempo de estancia y habían sido expulsados del hotel en el que estaban y a otros ya se les había comunicado que deberían abandonar este espacio en próximas fechas". Todos ellos, además, bajo el programa de Apipacam.

"La solución irresponsable del Gobierno de España ante el colapso migratorio que está viviendo Canarias es en estos momentos trasladarlos a la Península, pagar durante un tiempo una estancia con techo, comida y ropa, variando entre tres meses y un año, y en algunos casos, cada vez más, despreocuparse por las personas que han llegado a nuestro país. Es tal el descontrol que estamos viviendo por este gobierno del PSOE que en algunas ocasiones, después de esos plazos, las personas terminan en la calle, a su suerte, sin ningún tipo de acompañamiento o itinerario vital que les ayude a tener un futuro en nuestro país que no sea el de malvivir en la calle", ha denunciado Orós.

REUNIÓN URGENTE CON EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

Es por este motivo que ante esta situación, por la que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se han mostrado especialmente preocupados, Orós ha remitido una carta del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, para pedir una reunión urgente porque "creemos que es fundamental que se nos den explicaciones sobre este hecho".

En concreto, en dicha reunión se pedirá que se remita información mensual de las personas que salen de estos programas y las condiciones en las que van a salir: con derecho de asilo, con manifiesto o sin papeles tal cual, para saber en qué situación se encuentra. Entre otras cosas porque, ha dicho la consejera, "en Zaragoza hay en estos momentos casi 1.500 personas inmigrantes en programas de atención humanitaria y protección internacional".

También colaboración interinstitucional porque sino "esto se puede cronificar y o terminan en una situación de calle sin recursos, sin papeles y sin alternativa o en situaciones de mafias y economía sumergida". En este sentido, ha reprochado la consejera, "no son personas sin hogar, son personas que el Gobierno de España está avocando a la indigencia y a la exclusión más severa".

DELEGACIÓN DE GOBIERNO RESPONDE: “NADIE LES HA ECHADO DE NINGÚN SITIO”

La respuesta por parte de Delegación del Gobierno de España en Aragón no se ha hecho esperar tras las declaraciones vertidas por la concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, respecto a la situación de los malienses en la capital aragonesa.

“Nadie les ha echado de ningún sitio”, sostienen fuentes de Delegación, que además recuerda que “estos acogimientos se rigen por un programa que hay que cumplir escrupulosamente”. Apuntan a que estas 50 personas forman parte de un grupo afectado por distintas circunstancias. “Algunos tienen trabajo por el que cobran un sueldo que les permite hacer vida de manera autónoma”, manifiestan.

Delegación de Gobierno reconoce que otros migrantes iban a ser trasladados a otro centro en Burbáguena para iniciar el programa, después de la acogida inicial, y “han manifestado su negativa al mismo”. Aún así insisten que “es necesario liberar recursos para que puedan ser usados para otros migrantes” y que todos fueron “preaviisados con tiempo suficiente”.