El PP acusa a ZeC de deteriorar la convivencia democrática municipal "como nunca antes había sucedido"

El PP ha lamentado que ZeC, tras hacer de la regeneración democrática uno de sus ejes de campaña electoral, esté deteriorando la convivencia democrática municipal "como nunca antes había sucedido". El PP ha solicitado una comparecencia a Santisteve en el Pleno para debatir sobre cómo ha evolucionado la calidad democrática este mandato.

Zaragoza.- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón ha lamentado que Zaragoza en Común, tras hacer de la regeneración democrática uno de sus ejes de campaña electoral, esté deteriorando la convivencia democrática municipal "como nunca antes había sucedido". 

El portavoz ha destacado la soberbia que caracteriza a ZeC, que le lleva a creerse legitimado para tomar medidas al margen de las normas que rigen para todo, y su política de confrontación global como las dos causas que originan esa pérdida de calidad democrática.

Ha recordado que nunca antes en el Ayuntamiento habían pasado cosas como tener que exigir una audiencia pública para que se dieran explicaciones a vecinos afectados por una obra (en el caso del carril bici de Constitución), que sea la oposición la que tenga que convocar consejos de sociedades municipales (como en Zaragoza Deporte) o que el secretario general convoque un pleno (como el de Ecociudad) porque el alcalde se niega a hacer ambas cosas a pesar de estar obligado. 

Además, ha resaltado la persecución a los funcionarios que ZeC considera desafectos, las declaraciones impresentables del alcalde y sus concejales contra jueces, fiscales y medios de comunicación y la reciente amenaza de Cubero de dejar al PP fuera de la mesa de municipalización simplemente por estar en contra de la propuesta.

Azcón ha remarcado el boicot de ZeC a las posibilidades de la oposición para plantear cambios normativos al referirse al bloqueo de la proposición normativa del PP para regular los procesos participativos. El Grupo Popular registró esa proposición en diciembre después de haberla elaborado con la colaboración de expertos en la materia de la Universidad de Zaragoza y seis meses después el Gobierno sigue sin tramitarla a pesar de que la ley de procedimientos administrativos establece un plazo de tres meses para hacerlo.

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