El Pleno rechaza la gestión directa de la Depuradora de La Almozara y la Planta de Fangos

Zaragoza.- Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos han votado en contra de mostrar la voluntad de que la Sociedad Municipal Ecociudad Zaragoza gestione directamente la Depuradora de La Almozara y la Planta de Fangos. Zaragoza en Común ha presentado esta moción para conocer la postura del PSOE, pero sólo ha conseguido el respaldo de Chunta Aragonesista.

En concreto, el pasado mes de agosto el interventor municipal elaboró un informe sobre la remunicipalización de las depuradoras de La Almozara y la Planta de Fangos, en él concluía la necesidad de que el Pleno municipal se pronunciara sobre ello. Eso sí, será cuando se tenga el informe final del interventor, cuando los grupos políticos deberán tomar su posición final y definitiva sobre la remunicipalización de la depuradora de La Almozara y la PRA.

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, considera que con este proceso de remunicipalización "se garantiza la estabilidad en el empleo". El informe plantea que la plantilla "se subrroga con las mismas condiciones, su mismo salario y convenio". Además, "los informes dicen que es más barato, con ahorros de hasta 500.000 euros". Este servicio "no es uno cualquiera, porque es sensible para la ciudad, para el medioambiente y para la vida", ha destacado Cubero, quien ha pedido el apoyo del PSOE porque "en otras ciudades lo respaldan y aquí no lo están haciendo".

El portavoz municipal de Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio, ha afirmado que vota a favor de esta moción "por coherencia" porque este servicio "tan importante" tiene que ser prestado "de forma directa por la Administración, porque es la mejor manera de garantizar el control democrático y social". Asimismo, Asensio considera que la municipalización de este servicio "es viable". "Ya tenemos todos los informes sobre la mesa y son muy claros: es viable desde el punto de vista económico". Tanto, ha agregado, "que podríamos ahorrarnos medio millón de euros con la gestión directa del servicio". "Es evidente que supone un ahorro, que mejora la calidad del servicio y las condiciones de trabajo de los empleados", ha concluido el edil.

La concejal de Ciudadanos Elena Martínez le ha pedido al consejero municipal "que deje las cosas claras" porque "así no nos podemos posicionar". "Todo lo que he escuchado es más de lo mismo", ha lamentado la edil, quien ha asegurado que "hasta el momento no tenemos una valoración económica".

La concejal socialista Lola Ranera ha insistido que su partido "siempre garantizará los principios de igualdad a toda la ciudadanía". Pide que el debate de que no cuesta dinero "no sea tan burdo" porque "se necesitan más empleados". La edil ha puesto en duda así que la subrogación sea a coste cero.

Para el portavoz municipal del Partido Popular, Jorge Azcón, el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal "no tiene principios". Azcón considera que este proyecto "no va a salir" y uno de los motivos es "la situación económica del Ayuntamiento, que no puede permitirse ese lujo". Pero también se ha referido a otros argumentos. Así, el edil del PP afirma que esta remunicipalización "no mejora la calidad del servicio, saldría más caro y, además, no tiene una mayoría democrática para sacarlo". Azcón ha recordado que el informe del interventor dice que "hay dudas en dos cuestiones claves".

Supresión del Observatorio de la Contratación

El debate sobre la remunicipalización daba sus primeros coletazos en la moción anterior. La iniciativa, del Partido Socialista, ha contado con el respaldo del Partido Popular y Ciudadanos para instar al Gobierno de la Ciudad a dar cumplimiento, en el plazo de un mes improrrogable, a la moción de 28 de enero de 2016. Esto supone proceder a constituir y regular la Comisión Especial de Vigilancia de la contratación y a suprimir el Observatorio de la Contratación, prevista en el Reglamento Orgánico Municipal.

También se ha aprobado que en particular, la Comisión elabore y apruebe un dictamen para su aprobación posterior en pleno un informe, en el plazo de seis meses desde su constitución, en el que se aborde la situación en la que se encuentran los diferentes servicios externalizados actualmente, así como las condiciones objetivas en las que se pueda abordar cualquier proceso de internalización.