Zaragoza.- El plazo de solicitud de las ayudas a la rehabilitación de viviendas se inicia el próximo miércoles 1 de septiembre. Los propietarios de pisos de más 40 años de antigüedad ubicados en la capital aragonesa podrán pedir estas bonificaciones que podrían alcanzar hasta el 60% del importe de las obra. El Ayuntamiento destinará cinco millones de euros para estas actuaciones.
El consejero de Cultura, Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Grandes Proyectos del Consistorio zaragozano, Jerónimo Blasco, ha recordado que, según el censo del 2001, hay mas de 70.000 viviendas en edificios de mas de 40 años en el termino municipal de Zaragoza. Por este motivo, ha remarcado que las ayudas se darán "hasta el límite de la partida", que este año ha repetido la cuantía del pasado año de cinco millones de euros.
"Es probable que pueda llegar con esta cifra a todas las solicitudes presentadas, pero no podemos estar seguros. En cualquier caso se actuará conforme a los criterios de prioridad establecidos", ha indicado el consejero municipal, quien ha indicado que toda la información está detallada en la web de Zaragoza Vivienda (www.zaragozavivienda.es).
Entre estos criterios destaca la preferencia por los trabajos en las Áreas de Rehabilitación Inmediata y en las Áreas de Rehabilitación del Casco Histórico. Además, para las obras en el interior de las viviendas, junto al criterio de antigüedad, se exige que el nivel de renta de los solicitantes no se supere en cuatro o cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Nueva ordenanza
Estas ayudas se ejecutan de acuerdo a la nueva Ordenanza de Fomento de Ayudas a la Rehabilitación, que tiene, como líneas fundamentales, acomodarse a los retos de los tiempos actuales, primando la eficiencia energética y la sostenibilidad de las intervenciones.
Tiene el objetivo de resolver problemas de accesibilidad, dado el enorme impacto social que este aspecto de la vivienda tiene en las personas mayores, con movilidad reducida y grupos sociales con menores recursos económicos.
La norma prioriza las actuaciones en las zonas más envejecidas de la ciudad, entre las que se cuentan las zonas ARI, los 21 Conjuntos Urbanos de Interés, los ámbitos con políticas integrales como el Casco Histórico y el Barrio Oliver, y otras zonas que en el futuro pueden presentar problemas de degradación urbanística.