El movimiento vecinal surgido contra la modificación del PGOU de Zaragoza para recalificar y vender los terrenos de equipamiento deportivo junto a Vía Hispanidad y a la torre de telecomunicaciones de Telefónica, conocida como “El Pirulí”, dio hace unas semanas un paso más allá para constituirse como asociación.
Denominándose a ellos mismos como "Asociación Pirulí. Por un urbanismo justo", estos tienen como objetivo principal defender los intereses de los vecinos afectados por dicha modificación, ejerciendo todas las labores necesarias de información, comunicación, y difusión entre sus asociados y vecinos interesados, así como de oposición, argumento y acciones jurídicas que, en su caso, resulten pertinentes.
En este sentido, aseguran que la aprobación inicial de la modificación del PGOU llevada a cabo el pasado mes de febrero ha contado con un número muy elevado de alegaciones. En concreto, desde la asociación han puesto de manifiesto, entre otras cosas, que con esta modificación "se incrementa la densidad de viviendas en un ámbito que ya antes superaba con creces la densidad permitida por la normativa aplicable, ya muy deficitarias en equipamientos, espacios libres y aparcamientos y que cuentan con una densidad de viviendas muy por encima de la permitida".
También esa situación "deficitaria" se dio durante la tramitación original del plan parcial y posteriores modificaciones, pues "se justificaron unas superficies dotacionales que no se ven materializadas en la actualidad".
De igual forma, inciden en que no se cumple con la dotación de espacios libres, zonas verdes y equipamientos que exige la normativa. "Se pretende llevar a cabo una recalificación que está demostrado que es especulativa, repitiendo esos mismos errores, es decir, incumpliendo gravemente innumerables requisitos legales de la normativa urbanística vigente", explican.
Además, desde la Asociación Pirulí añaden que la modificación, "lejos de resolver ese problema existente en el sector, lo agrava, afectando muy negativamente a los derechos de los vecinos", que " el expediente administrativo y el propio proyecto de modificación carecen de justificación alguna ni motivación adecuada" y que "el interés público al que se alude se ha demostrado que es un interés puramente económico y privado".
FALTA DE EQUIPAMIENTOS
En el resto de alegaciones también reprochan "importantes contradicciones en el expediente", así como "pruebas del verdadero interés de esta operación", que se ha tramitado con “urgencia”, "falta de procesos participativos y consultas previas a los vecinos afectados", así como de "transparencia".
"Queda evidenciado que la intención de la modificación es intentar cumplir un mero trámite, pues solamente se va a traducir realmente en una nueva manzana residencial de 40.000 metros cuadrados y una zona verde de menos de 6.000 metros cuadrados donde ahora hay una dotación pública de equipamiento deportivo en uso de 13.449 metros cuadrados", recalcan.
Por último, critican que la sustitución de equipamientos deportivos de uso consolidado por otros situados en zonas periféricas de la ciudad "implica un gasto público innecesario, no contribuye a aumentar el número de instalaciones deportivas existentes, dificulta el acceso al deporte a los ciudadanos, es contrario a los objetivos de sostenibilidad de las ciudades, y destruye el tejido social de la ciudad".
