Dani, usuario de patinete eléctrico en Zaragoza: “Ni lo tengo registrado ni me lo planteo”

Los casi cuatro millones de usuarios de patinetes eléctricos de España, miles de ellos en Aragón, se han encontrado con una nueva norma que seguir para poder circular legalmente por las ciudades. Y es que, desde el 2 de enero de 2026, los vehículos de movilidad personal (VMP) deben contar con un seguro obligatorio y estar registrados oficialmente.

La nueva normativa establece el Registro de Vehículos Personales Ligeros, integrado dentro del Registro Nacional de Vehículos gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Gracias a este sistema, cada patinete queda vinculado a un titular y a un número identificativo único, lo que facilita verificar la existencia del seguro obligatorio y mejorar la trazabilidad de estos vehículos en las vías urbanas.

UNA NUEVA NORMATIVA QUE “LÍA” A LOS USUARIOS

Estas medidas no han sido vistas con buenos ojos por algunas de las personas que eligen los VMP como medio de transporte, que consideran que estos cambios de normas pueden “liar” a los usuarios. Una de estas personas es Dani, quien asegura que, más de dos meses después de que entrara en vigor esta nueva normativa, no solo no ha registrado su patinete, sino que tampoco se lo plantea.

“No he mirado nada, la verdad, ni lo tengo ni me planteo mirarlo”, afirma. Y esto no solo aplica al registro, sino que tampoco se ha sacado el seguro ni cuenta con identificación de certificación del patinete. La razón, explica Dani, es que considera que estas leyes “solo buscan sacar dinero y complicar las cosas a los usuarios”. Para Dani, todas estas medidas son “excesivas”, puesto que al final, con los patinetes eléctricos, “no pasamos de 25 kilómetros por hora y circulamos por el carril bici”.

Igualmente, asegura que la policía está teniendo “manga ancha” en cuanto a la aplicación de esta nueva normativa. “Desde que salió esta ley, a mí me han parado unas cuantas veces y nunca me han pedido nada de eso”, cuenta. Cabe recordar que el real decreto establece un periodo transitorio hasta enero de 2027.