El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha alcanzado un nuevo nivel de tensión. Ambas instituciones se acusan mutuamente de impagos y de incumplimientos en la ejecución del convenio 2021-2024, destinado a financiar infraestructuras y servicios en los barrios rurales de la capital aragonesa. Mientras la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, reclama el pago de la última anualidad del convenio, la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, sostiene que es el Ayuntamiento quien debe dinero a la Diputación por obras no ejecutadas.
La alcaldesa Chueca ha denunciado que la DPZ aún no ha ingresado los 4 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2024, pese a que el convenio establece que el pago debe efectuarse en el primer semestre del año. Según Chueca, el Ayuntamiento ha seguido prestando los servicios acordados en el convenio a lo largo de 2024 y en lo que lleva de 2025. Además, ha manifestado su intención de renovar el acuerdo con la Diputación para continuar con las inversiones en los barrios rurales.
Desde el consistorio zaragozano, también han criticado que el presupuesto de la DPZ no contemple inversiones para los barrios rurales. Frente a esta “dejadez”, ha apuntado Chueca, el Ayuntamiento ha triplicado la asignación para estas zonas. En concreto, se han reservado 3,4 millones de euros para 2025, con partidas específicas para un Plan Extraordinario de Inversiones y para proyectos urbanísticos.
Han subrayado la necesidad de disponer de los fondos comprometidos para licitar nuevas obras y ha insistido en que el Ayuntamiento ha ejecutado un 80 % del convenio, con previsión de alcanzar el 90 % en el primer semestre de 2025.
LA DPZ ASEGURA QUE ES EL AYUNTAMIENTO QUIEN ADEUDA 2,5 MILLONES
Por su parte, la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, ha respondido a las declaraciones de la alcaldesa, calificándolas de "totalmente irresponsables". Según Ladrero, es el Ayuntamiento quien adeuda 2,5 millones de euros a la Diputación, al haber recibido más dinero del que ha gastado en los barrios rurales. Además, ha acusado al consistorio de haber ejecutado solo un 33 % de las nuevas obras previstas en el convenio, lo que justifica, según la DPZ, la retención del último pago de 4 millones de euros.
Ladrero ha insistido en que el Ayuntamiento no quiso reunirse con la Diputación antes del vencimiento del convenio el 31 de diciembre de 2024, a pesar de las reiteradas solicitudes para celebrar una comisión de seguimiento. "Nos dejaron plantados cuando intentamos facilitar la prórroga de las actuaciones", ha señalado, defendiendo que el Ayuntamiento debe cumplir las mismas normas que el resto de los 292 municipios de la provincia.
El convenio 2021-2024 establecía un montante total de 16 millones de euros, de los cuales 12 millones debían destinarse a infraestructuras y servicios en los barrios rurales. Según la DPZ, el Ayuntamiento solo ha justificado gastos por valor de 5,5 millones de euros, lo que deja un remanente sin ejecutar de 2,5 millones, que ascendería a 6,5 millones si se hubiera transferido la última anualidad.
El Ayuntamiento de Zaragoza, sin embargo, sostiene que la ejecución del convenio ha seguido los plazos establecidos y que las obras continuarán en 2025 con los fondos incondicionados. Aseguran que el ritmo de ejecución ha sido el más alto registrado hasta la fecha y que los retrasos se deben a la falta de transferencias por parte de la DPZ.
