Zaragoza.- Desde hace varios años, la Policía Local vigila la instalación del albergue municipal las 24 horas del día. A partir del próximo mes, reducirán su servicio en este recinto ya que el Ayuntamiento ha optado por la privatización de la seguridad. Esta medida cuenta con la oposición frontal del grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA), que considera la presencia de las autoridades locales de “imprescindible” y “disuasoria”, ya que “evitan situaciones de conflicto y su intervención es inmediata”.
En 2007, los agentes intervinieron en 342 situaciones, tanto en ocasiones de riesgo para las personas como para los bienes del propio centro municipal. La concejala de CHA Carmen Gallego ha resaltado que, debido a la privatización, “en caso de incidencia, los de seguridad tendrán que recurrir a la Policía Local por lo que se perderá tiempo en las situaciones de emergencia”.
Asimismo, Gallego ha criticado que la contrata privada, que será de tres años prorrogable a otros tres, costará un millón doscientos mil euros y “se sacará de la partida del comedor del albergue”. “Es absurdo y sin fundamento y hace un flaco favor a las necesidades sociales de la ciudad”, ha señalado.
La concejala de Chunta ha enumerado informes técnicos del Ayuntamiento que señalan que no hay "horas seguras" en el albergue. “Puede haber peligro potencial para los usuarios y trabajadores las 24 horas del día, los 365 días del año”.
La ocupación del albergue ronda los 4.000 usuarios al año. En este sentido, Carmen Gallego ha insistido que las dependencias están al 100% por la actual época de crisis económica. “Son muchas las familias con hijos y mujeres con problemas las que utilizan los apartamentos municipales”, ha puntualizado. Para Gallego, el albergue realiza un servicio de “calidad” e “imprescindible” para la ciudad por lo que ha lamentado “que se deje de prestar una función necesaria para dar dinero a la iniciativa privada”.
El grupo municipal de Chunta Aragonesista realizó este pasado miércoles este ruego en la Comisión de Presidencia y Acción Social con el objetivo de que se paralizara todo el expediente de privatización de la seguridad en el albergue municipal, que comenzará a aplicarse el 1 de noviembre.
