El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este miércoles la orden de continuidad para los servicios de control de accesos, mantenimiento y socorrismo en tres centros deportivos municipales, así como el servicio de socorrismo en doce piscinas de verano, para garantizar su prestación sin interrupción mientras se completa el proceso de adjudicación de los nuevos contratos.
La medida se adopta por razones de interés público y de continuidad en la prestación de servicios esenciales, mientras se desarrolla el proceso de licitación de los respectivos contratos. El primero de ellos, el de las piscinas de verano, ya fue aprobado esta misma semana por el Gobierno de Zaragoza por un presupuesto base de 11,4 millones de euros.
La orden de continuidad aprobada este miércoles afecta al control de accesos, mantenimiento y socorrismo en los centros deportivos Alberto Maestro, Tenerías y Palafox, gestionado por la UTE Imesapi Salzillo Servicios Integrales. También al servicio de socorrismo durante la temporada de piscinas de verano de La Jota, La Cartuja, Miralbueno, Salduba, Torrero, Santa Isabel, Valdefierro, Actur, Ciudad Jardín, Delicias, Gran Vía y La Granja. La empresa adjudicataria, en este caso, es la ITE Instalaciones Deportivas Zaragoza. Y por último, a los servicios de control de accesos y mantenimiento en las mismas piscinas de verano citadas anteriormente, en este caso a través de la empresa Serveo Servicios.
La orden establece que la continuidad del servicio se realizará bajo las mismas condiciones técnicas previstas en los pliegos del contrato vencido, y con los precios unitarios originalmente fijados, sin aplicar las bajas ofertadas por los adjudicatarios anteriores, y solo por las horas efectivamente trabajadas.
Esta decisión responde a la necesidad de garantizar que las instalaciones deportivas municipales continúen abiertas y funcionado con normalidad, ofreciendo seguridad, mantenimiento y atención adecuada a todas las personas usuarias. La orden de continuidad se mantendrá hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos, actualmente en tramitación, con el objetivo de asegurar la prestación de estos servicios públicos esenciales.
