Zaragoza.- El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un ultimátum a la decena de fincas de bodas ilegales que existen en Zaragoza. Podrán celebrar los eventos programados hasta el 1 de noviembre, pero, a partir de este día, deberán adaptarse a la normativa o cerrar sus puertas. Los gerentes de fincas, en cambio, confían en que el Consistorio amplíe esta moratoria.
El Consistorio zaragozano defiende que se debe respetar el Plan General de Ordenación Urbana. Según este, entre nueve y once fincas de bodas de Zaragoza deben clausurarse, ya que están ubicadas en un suelo que no se puede dedicar a este fin.
El gerente de urbanismo, Miguel Ángel Abadía, está manteniendo reuniones con los gerentes de las fincas afectadas, a quiénes está advirtiendo "que no adquieran compromisos para más allá del 1 de noviembre". Si este día no está resuelta la situación jurídica de estos establecimientos, "no habrá continuidad en la moratoria", ha aseverado Abadía. "Ya insistimos en que aquellos que pretendiesen celebrar eventos en el 2018, disponían de tiempo suficiente para buscar otros emplazamientos", ha puntualizado.
Los propietarios de las fincas afectadas han solicitado al Ayuntamiento que modifique el Plan de Urbanismo. Para conseguirlo, están recopilando toda la información necesaria y esperan que el Consistorio amplíe la moratoria. José María San Juan, portavoz de las fincas afectadas, asegura que el Ayuntamiento se ha comprometido -en los encuentros mantenidos- a ampliar la ya citada moratoria, si los establecimientos le entregan toda la información que les demanda.
En cualquier caso, el gerente de urbanismo ha matizado que –de aceptase la licitación de estos locales- el procedimiento para legalizar estas fincas no es sencillo y duraría, al menos, seis meses.
