La Asociación Pirulí por un Urbanismo Justo ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado mes de enero, y que permite la recalificación de los terrenos donde se ubican actualmente los campos de fútbol y el skate park de Vía Hispanidad. La entidad vecinal considera que la operación es “manifiestamente ilegal” y supone un grave perjuicio para el barrio y su juventud, que utiliza a diario esas instalaciones deportivas.
La pasada semana, la asociación mantuvo una reunión con los grupos de la oposición en el Ayuntamiento —PSOE y Zaragoza en Común— para trasladarles sus argumentos jurídicos contra la operación antes del debate sobre el estado de la Ciudad. En dicho encuentro, la asociación hizo entrega de un documento donde resume los fundamentos legales que, a su juicio, invalidan la modificación del PGOU y que respaldarán la futura demanda.
Según el colectivo, la venta del suelo pretende recaudar 50 millones de euros para financiar el nuevo campo de fútbol de La Romareda, tal y como figura expresamente en el expediente municipal. Pirulí denuncia que la legislación urbanística prohíbe expresamente este tipo de operaciones especulativas, basadas en eliminar dotaciones públicas consolidadas para obtener ingresos mediante su venta.
“La Ley no permite que se desmantele un equipamiento público para construir viviendas de lujo, alejando los servicios a la periferia y masificando aún más zonas ya saturadas”, señalan. Además, recuerdan que existen numerosos precedentes judiciales que han anulado iniciativas similares en otras ciudades.
APROBADO INICIALMENTE EN UNA COMISIÓN DE URBANISMO
El proyecto urbanístico aprobado por la Comisión de Urbanismo con los votos del Partido Popular y Vox contempla la construcción de unas 470 viviendas, una torre de 22 plantas y el traslado del skate park a más de un kilómetro de distancia. PSOE y Zaragoza en Común votaron en contra, advirtiendo de que la iniciativa carece de consenso vecinal y que supondrá un claro retroceso en calidad de vida para los habitantes del barrio Universidad.
De ser aprobado definitivamente, la asociación asegura que llevará la operación a los tribunales confiando en que la justicia “ponga freno a esta deriva especulativa”.
