El alcalde de Monterde, a juicio por alterar presuntamente el censo antes de las elecciones
El alcalde del municipio zaragozano de Monterde, el popular José Gracia Ruiz, irá a juicio oral por la presunta alteración del censo antes de sucesivas elecciones que le valieron para mantenerse en el cargo. El juez titular del Tribunal de Instancia de Calatayud, Álvaro Ruiz, apunta a un delito electoral y otro de prevaricación administrativa en el auto de cierre de instrucción del pasado 9 de julio. La causa, desarrollada al margen del proceso por las inmatriculaciones en la localidad, recae ahora en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
De acuerdo al citado auto, el alcalde se habría beneficiado de la inscripción irregular en el censo de catorce personas, de las cuales varias “no han residido nunca de forma habitual en Monterde”. Cinco de ellas solo “se desplazaban únicamente para el ejercicio de la caza, pues el hecho de figurar inscritos les suponía una ventaja económica en el coto municipal”. El alcalde tendría constancia de esta situación y, según el juez, “se abstuvo de iniciar el trámite” para darlas de baja.
Otras tres no vivieron en el pueblo “de forma continuada y habitual” y solo viajaban desde Santander, su lugar de residencia, “para el ejercicio de su actividad profesional o empresarial como explotadores de la cantera”. Además, todas ellas estaban censadas en el mismo inmueble, que el auto califica como “absolutamente imposible de habitar”. Primero en “una casa en ruinas” y más adelante en otra “de apenas 50 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, con una habitación superior que ni siquiera tenía ventanas”.
El primer edil, conocedor también, aseguró que utilizaban este lugar como almacén pese a que en 2023 pasó a ser una tienda y tampoco formalizó su retirada del censo. Doce de las catorce votaron en las últimas elecciones municipales, en las que José Gracia Ruiz salió reelegido bajo las siglas del PP, nueve en las generales del 23 de julio del mismo año y cinco en las europeas del 9 de junio de 2024.
DESDE 2016
Los hechos que se le imputan se extienden en el tiempo desde 2016. En el caso de la prevaricación administrativa, el Código Penal contempla las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años. Para el delito electoral, las penas van de seis meses a dos años.
La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa “al entender que no ha resultado debidamente acreditada la perpetración de los hechos delictivos denunciados y recogidos en atestado” y al entender que los presuntos hechos deben resolverse por la vía administrativa. La acusación popular, donde está representada la Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde, pide quince años de inhabilitación y dos de prisión y multa de otros dos, con una cuota diaria de diez euros, tiempo durante el que tampoco podría ejercer cargos públicos.