Los afectados de Monterde piden a los concejales del PP una moción de censura contra el alcalde
La Asociación de Perjudicados por el alcalde de Monterde, el popular José Gracia Ruiz, ha instado al resto de concejales del PP a presentar una moción de censura contra el primer edil, responsable de las polémicas inmatriculaciones y en pleno juicio por un presunto fraude electoral. Este grupo de vecinos reclama a Antonio Blancas, Sergio Pascual y José Colás “no ponerse de perfil” y facilitar la salida de Gracia, para lo que no necesitarían ni el voto del otro representante del PSOE.
A través de un comunicado, apuntan que la judicialización del caso de las inmatriculaciones no va a frenarlos a la hora de “alzar la voz denunciando este atropello de una administración pública contra unos ciudadanos”. La moción sería la manera más “fácil” de parar lo que consideran un “sinsentido”, señalan. Tachan al alcalde de “autoritario y déspota que hace y deshace en el Ayuntamiento a su antojo sin contar con los propios concejales”.
Se amparan en la denuncia pública del edil José Colás, uno de los que ha tratado de desvincularse del conflicto de las inmatriculaciones. “Les pedimos que paren esta mala gestión de los recursos del pueblo en juicios innecesarios, que escuchen a los vecinos afectados y hagan por solucionar el entuerto creado”, señalan los afectados.
El comunicado alude asimismo al Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza, a quienes emplazan a auditar “el proceso de las cuentas y la gestión municipal”. Al PP, le reclaman “una solución a nivel político” en busca de devolver “la paz y la concordia” al municipio, de unos 150 habitantes.
MANIFESTACIÓN EL VIERNES
Dentro del calendario de movilizaciones, la Asociación de Perjudicados se manifestará el viernes en Zaragoza entre las 18.30 y las 20.30 horas. La marcha partirá de la sede de los populares, en la calle Ponzano, y transcurrirá por el paseo Independencia hasta el monumento al Justicia de Aragón.
El pasado mes de abril, los vecinos comparecieron en las Cortes para explicar que el consistorio había destinado hasta 85.000 euros a procesos relacionados con las inmatriculaciones. Entre otros, la contratación de un abogado o de asesores. Recordaron que, antes de la celebración del juicio por dicha causa, se dio la razón a una vecina inmersa en estos litigios por la propiedad de una parcela.
También se ha conocido en los últimos meses, a través de una respuesta escrita formulada a petición de Izquierda Unida, que la DGA se opuso en 2021 a los movimientos acometidos por José Gracia Ruiz. En el texto, el Servicio Provincial de Agricultura de Zaragoza dijo no haber sido informado de estas prácticas de forma oficial.