Los teléfonos móviles de acusados y víctima coincidieron en espacio y tiempo la noche del crimen en Figueruelas

La segunda sesión del juicio por jurado popular sobre el crimen de Figueruerlas, en el cual un hombre de 61 años murió brutalmente asesinado, ha dejado multitud de titulares.

En cuatro extensas horas plagadas de matices, las diferentes partes han interrogado a familiares de la víctima, los guardias civiles encargados del estudio de la telefonía móvil y antenas, a aquellos que se encargaron de la inspección ocular y al padre adoptivo de Miguel A. J., uno de los dos acusados de asesinato, junto a Daniel S. G. Aunque ha quedado demostrado que los teléfonos móviles de ambos estuvieron en Figueruelas la noche del crimen, la anécdota de la mañana la han protagonizado los conductores de dos taxis que los presuntos autores cogieron tras cometer el homicidio. Los taxistas, quienes habían sido llamados a declarar esta mañana en la Audiencia Provincial de Zaragoza, han manifestado que ninguno de los dos trabajó esa noche ya que era su día libre de acuerdo a la terminación de su número de licencia.

El primero en pasar a sala de juicio ha sido el hermano de la víctima, quien encontró el cadáver de Luis Antonio G. I. poco después de cometerse el crimen al percatarse de que los agresores habían desactivado o movido las cuatro cámaras de vigilancia que custodiaban la casa. Estas habían sido instaladas por el propio testigo cuando unos ladrones asaltaron y pegaron a su hermano en noviembre de 2021. Estos hechos nunca se denunciaron. “Mi hermano se dedicaba al tráfico de drogas porque la paga de minusvalía no le daba. Era muy buena persona y no reclamaba el dinero aunque la gente le debía grandes cantidades”, ha manifestado ante los miembros del jurado.

CON UNA BOLSA EN LA CABEZA, ATADO DE MANOS Y MUCHA SANGRE

También ha contado cómo descubrió el cuerpo de su hermano nada más llegar al domicilio asaltado, al enviarle un mensaje de WhatsApp a las 1.39 horas y no contestara ni a ese ni a las sucesivas llamadas. “Entré y le vi boca abajo con una bolsa de plástico en la cabeza, atado de manos y con un charco de sangre. Le quité la bolsa y le puse en el sofá para intentar reanimarlo porque el cuerpo aún estaba caliente”, ha explicado ante un silencio sepulcral en la sala de vistas. Al comprobar que carecía de pulso, llamó al 112 y los primeros en llegar fueron agentes de la Guardia Civil.

Su hija y a la vez sobrina de la víctima también ha declarado conocer los negocios en la droga de su tío, y pese a reconocer no saber el dinero en efectivo que podía haber en la casa la noche de los hechos, ya que ella “no se metía en esas cosas”, sí conoce a Daniel S. G., uno de los acusados. “Reconozco su cara porque vino a comprar hachís a casa de mi tío, y yo se lo di por el ventanuco de la puerta”, ha reconocido al ser preguntada por el juez. La vivienda en Figueruelas donde se cometió el asesinato es ahora de su propiedad. “No consigo vivir allí después de lo que pasó. Es frustrante”, ha señalado la testigo, quien también ha confesado acudir a un psicólogo privado tras lo sucedido.

UNO DE LOS ACUSADOS ESTUVO INTERNO EN DOS CENTROS DE MENORES

En cuanto al otro imputado, Miguel A. J., los nueve miembros del jurado han podido conocer un poco más la historia de su vida. Aún si quiera sin haber declarado en todo el proceso judicial, en pie desde hace dos años y medio, ha sido su padre adoptivo quien ha dado más detalles sobre la infancia de este joven de 24 años. “Mi mujer y yo adoptamos a Miguel en Ucrania con tan solo tres años, al igual que hicimos con su hermano Iván. Ambos vivían en un orfanato por maltratos de sus padres biológicos”, ha relatado su progenitor, exagente del Cuerpo Nacional de Policía que quedó en silla de ruedas durante una intervención en San Sebastián.

“Tiene el síndrome alcohólico fetal”, ha apuntado el padre de Miguel A. J., para intentar dar algún tipo de explicación a las conductas problemáticas que su hijo comenzó a manifestar desde los seis años, obligando a sus padres a internarlo en hasta dos centros. Su progenitor llegó incluso a denunciarlo en dos ocasiones. “Entre 2021 y 2022 le perdí la pista, aunque sabía que estaba en Madrid trabajando de jardinero o albañil”, ha continuado durante su declaración en la Sección Sexta.

EL ROBO DEL MÓVIL DE LA VÍCTIMA: CLAVE EN LAS INVESTIGACIONES

Pero sin duda, la prueba testifical (y a su vez pericial) más reveladora de la mañana ha sido la tomada a los agentes de la Guardia Civil que dirigieron las pesquisas y responsables del estudio de la telefonía móvil y antes relacionadas con el caso, los cuales “han identificado sin género de dudas” a las dos personas que cometieron el crimen con los dos varones sentados en el banquillo de los acusados. Llegar a esa conclusión no ha sido fácil, y pese a reconocer que “ya conocían la identidad de los posibles autores a primeros de junio del 2022”, tan solo un mes después de los hechos, la detención de ambos casi un año después se prolongó tanto por “motivos de seguridad y logística”.

Han sido sus investigaciones sobre la posición de los teléfonos móviles de los dos presuntos autores y el de la víctima lo que les ha conducido a ser tan fehacientes en sus acusaciones. “Después de la inspección ocular, cuando se comprueba que no está el teléfono del fallecido, buscamos qué móviles habían coincidido en espacio tiempo con el suyo”, ha comenzado a explicar uno de los Guardias Civiles. Encontraron 13 líneas, incluida la del fallecido, y tras identificar y e ir descartando opciones (como la de un conductor de autobús) llegaron a la certeza de que “la única línea que coincide es la de Daniel S. G., prácticamente al minuto”.

La ubicación del teléfono se activa en una antena repetidora cuando el dispositivo recibe una notificación, algo que pasa casi todo el rato en la actualidad. Así bien, según el estudio realizado a los tres teléfonos (acusados y víctima), se a comprado que su coincidencia antes y después del crimen es muy certera. Sobre las 23.13 horas los tres móviles se encuentran en Figueruelas, cerca de casa de la víctima, sobre las 2.23 horas, pasada la hora del asesinato, el receptor de Pedrola capta los tres dispositivos, ya que se encuentran en la zona noroeste de Figueruelas cogiendo un taxi. A las 2.46 horas, el trío de teléfonos ya se ha trasladado a Utebo, donde vive Daniel S. G.

HASTA 26 AÑOS DE PRISIÓN A CADA UNO DE LOS PRESUNTOS AUTORES

Las cámaras de vigilancia del domicilio de la víctima también captaron a los dos agresores la hora antes de cometer el crimen en la puerta trasera de la casa. Su vestimenta coincide con las de las personas captadas en una segunda cámara ya dentro del domicilio donde se aprecia cómo entran sigilosamente por la parte trasera de la casa tras escalar el tejado y mueven el dispositivo de video-vigilancia hacia arriba para no ser vistos. El ADN de Miguel en la sangre que había en una de las bolsas encontradas en la habitación donde se produjo el asesinato también ha sido puesto de manifiesto como prueba.

La acusación particular, a cargo de la abogada Marina Ons y que representa al hermano y sobrina del fallecido, pide 26 años de cárcel para cada acusado por delitos de asesinato con agravante de disfraz y robo con violencia. El Ministerio Fiscal apuesta todo por el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento por el que interesa 25 años de prisión. La defensa de Daniel S. G., en manos del letrado Bartolomé Arranz, ha llegado a admitir el robo pero niega el asesinato. El acusado Miguel A. J., defendido por el abogado Enrique Esteban Pendás, sostiene la inocencia de su representado.

“Fue una sorpresa cuando me enteré que lo habían detenido. Conozco hasta qué límite puede aguantar mi hijo y hasta ahí no llegaría”, han sido las últimas palabras del padre de Miguel a colación de las acusaciones previas vertidas de los guardias civiles que escucharon durante meses las conversaciones telefónicas del acusado y lo han descrito como “una persona habitualmente consumidora de drogas, con un horario irregular y con ganas de pegar”.