Seis detenidos tras los registros de Forestalia en Zaragoza y Madrid por una presunta trama de corrupción ambiental
La investigación que desde primera hora de este martes ha mantenido a la Guardia Civil en la sede de Forestalia en Zaragoza ha dado un salto cualitativo. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), a través de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), ha confirmado la desarticulación de una presunta trama de corrupción medioambiental relacionada con la tramitación de parques eólicos y fotovoltaicos en la provincia de Teruel. La operación, denominada Perserte, se ha saldado con seis detenciones y un total de 12 registros, diez en Madrid y dos en Zaragoza, incluido el de Fernando Samper en Parque Goya.
Uno de esos registros ha tenido lugar en el número 33 del Coso de Zaragoza, sede social de Forestalia, donde agentes han permanecido durante toda la mañana practicando diligencias y recopilando documentación. Varios trabajadores han sido enviados a sus domicilios mientras avanzaba el operativo, aunque no se ha producido un desalojo total de la plantilla. La causa está dirigida por el Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, Plaza nº 1, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel.
COHECHO, BLANQUEO DE CAPITALES O GRUPO CRIMINAL
La investigación se centra en presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Según ha informado la Guardia Civil, el origen de la causa estaría en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), documentos clave para autorizar proyectos energéticos. Los indicios apuntan a que una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico habría podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales.
De acuerdo con los investigadores, esas actuaciones habrían beneficiado a un grupo empresarial del sector de las energías renovables en la tramitación de proyectos ubicados en la provincia de Teruel. El ex alto cargo investigado habría actuado presuntamente a cambio de una contraprestación económica. Para canalizar y ocultar ese dinero, se habrían utilizado sociedades interpuestas y, presuntamente, la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo análisis.
La operación también examina si en la tramitación ambiental se evaluaron correctamente los posibles efectos sobre el entorno, como la afección a la avifauna y los quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo. Se trata de aspectos especialmente sensibles en la provincia de Teruel, donde en los últimos años se han impulsado grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos.
Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas diligencias. Se trata del segundo registro en la sede de Forestalia desde diciembre, cuando ya se practicaron actuaciones relacionadas con el clúster del Maestrazgo. La dimensión de la operación y el número de detenidos sitúan ahora la investigación en un escenario de mayor alcance judicial.