A prisión cinco de los siete miembros de la banda rumana que robó en bares de media España

Un juez de Teruel ha ordenado la prisión provisional para cinco de los siete miembros de una banda criminal de origen rumano y asentada en Valencia. Foto: Guardia Civil
El juez aprecia una actuación organizada y envía a prisión a los principales integrantes del grupo criminal detenido en la operación Portofel

La investigación contra una de las bandas más activas en robos a bares de los últimos años en España ha dado un paso decisivo. El juez ha ordenado el ingreso en prisión de cinco de los siete integrantes del grupo criminal desarticulado en la operación Portofel, responsable de 86 robos con fuerza cometidos en establecimientos hosteleros de diez provincias, entre ellas Teruel y Zaragoza. La causa sigue abierta y la instrucción continúa avanzando para delimitar responsabilidades y cuantificar el alcance económico total, que de momento se cuantifica en 345.000 euros.

Los siete detenidos pasaron este martes a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Teruel. Tras escuchar sus declaraciones, el magistrado Manuel Turmo Peña, titular de la Sección de Instrucción, plaza nº2, ha decretado prisión provisional y sin fianza para cinco de ellos, mientras que los otros dos han quedado en libertad provisional con medidas cautelares. Todos son de nacionalidad rumana y residentes en la Comunidad Valenciana.

UNA ACTIVIDAD “CONCERTADA, PLANIFICADA Y ORGANIZADA”

En el auto, el juez descarta que se trate de hechos aislados y subraya que los indicios apuntan a una actuación criminal continuada. Según recoge el fallo, los robos investigados responden a “una actividad desplegada de forma concertada, planificada y organizada, con permanencia en el tiempo”, caracterizada por una operativa común y una clara división de tareas.

El magistrado destaca que el grupo actuaba de madrugada, “entre las 03.00 y las 05.00 horas”, y que utilizaba herramientas como patas de cabra o destornilladores de grandes dimensiones para forzar puertas y accesos, como se observa en los vídeos de la operación difundidos por la Comandancia de Teruel. Un modus operandi que, a juicio del instructor, encaja plenamente con la “existencia de una organización criminal estructurada”. En ellos sustraían el dinero de máquinas tragaperras, máquinas expendedoras de tabaco, cajas registradoras y máquinas de cobro automático de dinero (cashkeepers).

EL PAPEL DE CADA DETENIDO EN LA BANDA

El documento detalla, además, la presunta implicación de cada uno de los cinco encarcelados. Stefan C., con antecedentes tanto policiales como judiciales, es señalado como el cabecilla del grupo. Su domicilio en Soneja (Castellón) habría funcionado como centro operativo y se le imputan hasta 47 robos, incluidos varios cometidos en Híjar (Teruel).

A Gelu B. se le atribuyen 38 robos desde su incorporación al grupo en marzo del año pasado, dos de ellos en Mora de Rubielos. Bogdan M. está investigado por 36 robos, entre ellos uno en un bar de Cella, mientras que a Mihai I. se le imputan 34 robos, uno ocurrido en La Puebla de Valverde en septiembre de 2025. Denis M., por su parte, figura como presunto autor de 38 robos.

LIBERTAD PROVISIONAL PARA DOS INVESTIGADOS

Para Andrei G. y Marian M., el juez ha acordado libertad provisional al considerarles presuntos autores de un único delito de robo cada uno. Ambos deberán comparecer ante el juzgado los días uno y quince de cada mes, fijar domicilio y comunicar cualquier cambio durante la tramitación de la causa. El magistrado advierte expresamente de que el incumplimiento de estas obligaciones podría conllevar su ingreso en prisión.

Los robos investigados se cometieron en la provincia de Teruel, con once hechos confirmados (aunque desde el Instituto Armado han cuantificado hasta 27) además de Zaragoza y otras ocho provincias más. El perjuicio económico, que incluye tanto el dinero sustraído como los daños ocasionados en locales y máquinas, se estima en más de 345.000 euros, una cifra que, según el juez, deberá concretarse a lo largo de la instrucción.

La operación Portofel no está cerrada. El propio auto judicial deja constancia de que la investigación continúa abierta, tanto para el esclarecimiento completo de los hechos como para la posible aparición de nuevas responsabilidades penales. Una causa de gran envergadura que ha puesto el foco en una banda itinerante que operó durante meses con impunidad en bares de media España.