Empadronamientos irregulares, una familia acusada de retener el poder municipal durante décadas o las sospechosas variaciones del padrón en año electoral son algunas de las desavenencias entre los vecinos de Manchones, un pueblo de la provincia de Zaragoza que se ha tornado el protagonista indiscutible en los pasillos y salas de la Audiencia Provincial esta semana por el juicio con tres acusados, entre ellos el alguacil y el excalcalde, por un presunto pucherazo en el que incurrirían los delitos de fraude electoral, prevaricación o falsedad documental durante las elecciones del 26 de mayo de 2019.
Durante la primera sesión del juicio, celebrada el pasado jueves ante la Sección Tercera de la APZ, la acusación particular que representa a dos vecinos que denunciaron las supuestas irregularidades, solicitó que ocho de los once acusados abandonaran los asientos normalmente dispuestos para ello con el objetivo de que declararan como testigos, condición que obliga a decir la verdad ante los magistrados. La jueza presidenta admitió esta cuestión previa siempre y cuando las preguntas no les pudieran perjudicar.
De esta manera, quedaron libres de culpa las personas que presuntamente se habrían empadronado en Manchones para aupar a la alcaldía a Francisco Pardillos Marín, que ya fue regidor del municipio hasta 2018, cuando fue condenado a una multa de 1.600 euros y seis meses de inhabilitación para un cargo público por un delito electoral, el mismo que se juzga ahora. Concurre además la circunstancia de que todas esas personas antes acusadas y ahora testigos son familiares o allegados de Pardillos, que finalmente ganó las elecciones y vuelve a ser alcalde del municipio desde 2019.
Los tres acusados que quedaron restantes son Jesús Ángel B. J., quien sustituyó a Pardillos en la alcaldía cuando éste fue condenado en 2018; Carlos B. A., el alguacil u “operario de servicios múltiples”, tal y como se ha referido a sí mismo durante su declaración; y Jesús A. A., secretario municipal de la zona.
“ME DI CUENTA QUE HABÍA MUCHA GENTE VOTANDO QUE NO VIVÍA ALLÍ”
“En Manchones somos poco más de 50 vecinos, 58 como mucho”, ha venido a decir uno de los denunciantes y testigos durante su declaración esta mañana en la Audiencia Provincial de Zaragoza. “Me di cuenta de que había mucha gente votando que no vivía allí”, ha respondido a las preguntas de la fiscal, que ha decidido no acusar a nadie en este procedimiento al “no ver indicios suficientes vulnerar su presunción de inocencia”. El mismo denunciante se presentó por el partido Ciudadanos a las elecciones municipales de ese año.
Otra vecina de Manchones ha asegurado que “las variaciones en el censo en año electoral es la tónica general”. “En invierno no hay más de 30 o 40 personas, 50 no más”, ha manifestado la misma testigo, que se presentó por el PSOE ese año sin llegar a salir elegida. “No falló ningún Pardillos el día de ir a votar”, ha concluido, en alusión al actual alcalde, Francisco Pardillos, que revalidó la alcaldía en 2015, a la cual había accedido cuando su primo, Jesús Pardillos, fue inhabilitado por las manijas ilegales que puso durante meses a unos agricultores que querían ampliar su granja de pollos y por las que fue condenado. Francisco Pardillos ganó de nuevo las elecciones en el año 2023.
LA POBLACIÓN DE MANCHONES PUESTA EN ENTREDICHO
El vocal de mesa durante las elecciones municipales de 2019, los comicios que se juzgan actualmente, también ha verbalizado las presuntas irregularidades. “Más de la mitad de las personas que vinieron a votar ese día no eran del pueblo, que no tiene más de 45 habitantes”, ha sostenido ante el Ministerio Fiscal. “Elaboré una lista con todas las personas que vinieron a votar ese día y que no viven en Manchones”, ha llegado a decir ante la Sección Tercera.
¿Pero cuántos habitantes tiene o ha tenido Manchones realmente?. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Manchones tenía 123 habitantes en 2010, algo que aumentó hasta los 141 en 2011, año electoral. En 2012, la población volvió a bajar hasta los 131 habitantes. En 2014, la población había descendido hasta los 116 vecinos para subir hasta los 130 en el año 2015, cuando hubo unas nuevas elecciones municipales. En 2018, sin embargo, la población había descendido hasta las 98 personas, para elevarse de nuevo a 114 habitantes en 2019, año electoral.
“DESPUÉS DE HACER TANTAS COSAS POR EL PUEBLO, ES DESCORAZONADOR LAS INJURIAS QUE DICEN CONTRA MÍ”
Al llegar al turno de los acusados, Jesús Ángel B. J., quien fuera concejal de festejos durante casi veinte años “sin percibir ni un euro”, asumió la alcaldía cuando Pardillos fue inhabilitado en 2018. Fue durante su breve mandato, antes de que Pardillos resultara elegido alcalde de nuevo, cuando supuestamente se produjeron los empadronamientos ilegales, en 2018. “Después de tantas cosas que he hecho por el pueblo, es descorazonador las injurias que se están vertiendo contra mí”, ha manifestado el acusado, que también ha mencionado el decreto que se aproó durante su mandato para establecer una serie de requisitos para empadronarse en Manchones.
“Es una de las más restrictivas de Aragón”, ha sostenido Jesús A.A., acusado por ser el secretario municipal en la época de los hechos, en referencia al nueva normativa para poder ser considerado vecino de Manchones. “Hay que presentar un contrato de arrendamiento y facturas, avales de personas, hacer los trámites presencialmente y unas siete u ocho comprobaciones sobre si realmente vives ahí por parte del Ayuntamiento”, ha asegurado. El acusado ya lleva quince años de procesos judiciales similares, resultando en todos ellos absuelto.
Finalmente, el alguacil o, como él mismo se ha llamado, operario de servicios múltiples del Ayuntamiento de Manchones, ha declarado que en esas comprobaciones que se debían realizar con la nueva normativa de empadronamiento, “no hacía falta que firmaran los vecinos”, solamente lo hacía él al comprobar que efectivamente residían en el pueblo. “No hacía falta que tocara el timbre, les podía ver por el bar, paseando o si salía luz desde sus ventanas”, ha manifestado. Eso sí, el 23 de febrero de 2019, el día de la resolución del procedimiento de empadronamiento, la firma de todos los sospechosos de no vivir allí constaban en los documentos. “Se dio el caso ese día de que había bastante gente en la plaza y el bar del pueblo, así que aproveché para que fueran firmando”, ha explicado el acusado.
Aunque la fiscal no acusa contra ninguno de los tres, la acusación particular, en manos del letrado Carlos Castillo, pide hasta cinco años de cárcel por delitos electorales, prevaricación y falsedad en documento público.
