Piden 40 años de cárcel por prostituir a cinco mujeres en Zaragoza: “Llegaron libres y sabían a lo que venían”

La Fiscalía acusa una pareja de captar a mujeres extranjeras y someterlas a condiciones de explotación sexual en un club de Garrapinillos
La pareja acusada de explotación sexual a cinco mujeres en Garrapinillos, esta mañana en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
photo_camera La pareja acusada de explotación sexual a cinco mujeres en Garrapinillos, esta mañana en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Una pareja acusada de explotar sexualmente a cinco mujeres entre 2021 y 2022 en un club de alterne de Garrapinillos se ha sentado esta semana en la Audiencia Provincial de Zaragoza por unos presuntos hechos por los que la Fiscalía solicita hasta 40 años de cárcel para cada uno. Después de que el lunes declararan las cinco denunciantes en calidad de testigos protegidos presentando un relato similar entre ellas, donde detallaron que los regidores no les dejaban salir del local e incluso les obligaban a mantener relaciones sexuales con clientes cuando tenían la regla. Este miércoles han tomado la palabra ambos imputados, quienes han asegurado que todas ellas “llegaron a España de manera libre para ejercer la prostitucióny “siendo totalmente conscientes a lo que venían”.

Durante la segunda y última sesión de la vista oral de la causa ha declarado en primer lugar un cliente que frecuentaba el club, asegurando que pagaba entre 60 y 120 euros el servicio directamente a las chicas. “Para nada habían sido engañadas, yo tenía el número de teléfono de algunas de ellas y me contaban que tenían fiesta los lunes e incluso tenían novios”, ha explicado ante los magistrados de la Sección Primera. Frente a ello, el Ministerio Público sostiene, a tenor de lo vertido por hasta ocho testigos protegidas, que los acusados “captaban a las chicas de países latinoamericanos, las traían engañadas con falsas promesas de trabajos como camareras y scorts, y una vez llegaban a España contraían una deuda de entre 1.500 y 3.000 euros”.

ACUSADOS NIEGAN LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL CLUB DE GARRAPINILLOS

La fiscal también ahonda en su escrito de acusación en las condiciones bajos las cuales vivirían las chicas en este club del barrio rural de Garrapinillos. “No les dejaban salir y les obligaban a vivir en el mismo local, bajo amenaza de que al encontrarse en situación irregular podrían ser deportadas por la Guardia Civil”, mantiene la Fiscalía. Las presuntas víctimas son, en su mayoría, de nacionalidad paraguaya, aunque también de Argentina, Brasil y España.

Cuando ha llegado el turno de palabra del acusado, R. P. G., ha mantenido que el negocio no es suyo, sino de su mujer, pero que solía pasarse casi a diario por allí para “pasear al perro y limpiar o reparar lo que hiciera falta”. “Mi relación con el club era mucha y poca a la vez”, ha llegado a decir.

Además, ha confirmado que fue a buscar a alguna de las chicas a la Estación Delicias, e incluso les llegó a acompañar al médico a comer o sacar dinero. Eso sí, ha negado saber cómo las trabajadoras sexuales llegaron a España y ha negado haber pagado nunca billetes de avión. “Yo de ese negocio no he vivido nunca y a mí lo único que me ha traído ha sido la ruina”, ha aseverado el hombre, ya que el contrato de alquiler del club estaba a su nombre.

En último lugar ha declarado su mujer y acusada de los mismos delitos, M. M. L., camarera y regente del club de facto, quien a preguntas de la Fiscalía ha sostenido que todas las chicas “ejercían la prostitución en su local de manera libre y voluntaria, llegando a contactar la mayoría con ella para poder trabajar y ganarse la vida en España”. “Venían a mí por el boca a boca o por algún anuncio que yo ponía en Internet”, ha apuntado la acusada, aseverando “un trato muy cercano con todas ellas y la sorpresa que supuso enterarse que después de irse voluntariamente la habían denunciado”. “Siempre supieron a lo que venían y eran ellas quienes antes de venir me enviaban fotos en ropa interior y de cuerpo entero, no porque yo se lo pidiera o les hubiera prometido nada”, ha continuado en sus respuestas a la respuestas al Ministerio Público.

Respecto a las supuestas condiciones precarias y de explotación laboral, la imputada también lo ha negado todo de manera vehemente. “Todas descansaban al día siguiente después de llegar a España, y una vez incorporadas, su horario era de 16.00 a 23.00 horas máximo, con descanso los lunes”, ha expuesto. “No tenían que pedir permiso para entrar o salir y yo solo cobraba el dinero de las copas y de un kit de higiene que vendía a los clientes por cinco euros”, ha manifestado M. M. L., garantizando que ganaba de 100 a 200 euros por día sin percibir un euro de los servicios que prestaban las chicas. Aún así, solo había una llave para entrar y salir del local, dotado con dormitorios, cocina y baños, todo ello anexo al club propiamente dicho. “Cada chica tenía su llave de la habitación y ellas mismas se organizaban para salir juntas al gimnasio por la mañana o donde quisieran”, ha asegurado.

En cuanto a la acusación formulada, ha explicado que la asociación que más tarde asistió a las presuntas víctimas “les dice a todas lo mismo con la promesa de papeles, una subvención y un piso de acogida”. Una supuesta oferta que incluso llegaron a ofrecerle a ella. “Llevo 25 años en el mundo de la prostitución y esa ONG redacta todas las denuncias igual, son calcadas”, ha apuntalado. “Yo esto no me lo esperaba, no me lo imaginaba”, ha dicho la acusada sobre las denuncias contra ella.

LA FISCALÍA MANTIENE LA PETICIÓN DE 40 AÑOS DE CÁRCEL POR TRATA

Con todo, su abogado defensor, el letrado José Luis Melguizo, ha solicitado la absolución para los dos acusados al aportar pruebas consistentes en fotos, vídeos de las cámaras de seguridad del lugar y publicaciones en redes donde las denunciantes aparecerían entrando y saliendo del lugar con libertad o de fiesta por Zaragoza en sus días libres, algunas de ellas llegando a decir que en el club “eran una gran familia”. Subsidiariamente ha interesado una condena de dos años de cárcel por un delito de trata de seres humanos a raíz del testimonio de una de las testigos protegidas, aunque teniendo en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por los retrasos en el procedimiento judicial.

Por su parte, la fiscal no ha dado credibilidad al relato de los acusados y mantiene su petición de 40 años y siete meses de prisión para cada uno. Considera que son responsables de cinco delitos de trata de seres humanos agravado, por los que solicita ocho años de cárcel por cada uno, además de un delito de promoción y facilitación de la prostitución. Asimismo, interesa que indemnicen a cada una de las cinco víctimas con 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

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