La pasión de dos amigos de Zaragoza por los coches de alta gama que ha terminado en los tribunales

La pasión de dos amigos por los coches de alta gama les unió hasta tal punto que ambos regían dos negocios con el fin de retroalimentarse. Mientras uno de ellos se dedicaba a comprar los vehículos, el otro los revendía por un buen precio, logrando beneficio económico para ambas partes. Pero la llegada de la pandemia y varios malentendidos pusieron a prueba esta amistad de quince años, que se ha resquebrajado hasta llegar a la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde uno de ellos ha reclamado 300.000 euros al otro por una supuesta estafa y apropiación indebida en la compraventa de cuatro vehículos.

Desde un Porsche Panamera hasta un Mercedes Benz. La compraventa de cuatro coches de alta gama y una pérdida de 191.500 euros ha sido lo que el denunciante, V. M. C., reclama a su antiguo amigo y ahora acusado, B. S. M. “Teníamos un pacto por el que yo vendía los coches que él compraba, y ese dinero lo reinvertía en otros vehículos; conocía todos los entresijos de mi negocio”, se ha defendido el denunciado.

La presunta víctima le acusa de no percibir ni un solo euro de la compraventa de hasta cuatro vehículos. El primero de ellos, un Porsche que el denunciante, V. M. C., compró por 51.00 euros. Después de estar un año sin venderse y pasar a poder alquilarse, la acusación particular sostiene que finalmente ese coche se vendió a terceros y su cliente no percibió ningún beneficio ni el dinero pagado por el coche.

El segundo coche en cuestión, un Porsche Macan S, también fue comprado por un tercero sin que, presuntamente, V. M. C., viera ningún dinero. Respecto al tercer coche, un Mercedes Benz, el denunciante afirma que “haber pagado 40.000 euros y dejarlo en la empresa de su amigo” para que éste lo revendiera. El último vehículo corresponde a un Porsche Panamera, del que el denunciante también ha afirmado no ver ni un euro tras dejarlo en la empresa del acusado.

TRAS LA COMPRAVENTA, AMBOS SE REPARTÍAN LAS GANANCIAS AL 50%

“Nunca he llegado a un acuerdo con B. S. M, para reinvertir en su empresa el dinero ganado con la compraventa”, ha apuntado el denunciante, que también ha confesado “haber confiado siempre en su entonces amigo”. La primera operación data de julio de 2017, aunque no se hizo efectiva hasta un año después. En el intervalo de tiempo desde una compra hasta una venta, el gasto por mantenimiento de los vehículos también se dividía a partes iguales entre los dos.

En cuanto a los papeles, era el padre del acusado quien se encargaba de tenerlos al día y llevarlos a una gestoría. Ha sido en las facturas y contratos de la compraventa de los cuatro coches donde se ha requerido un perito calígrafo para poder determinar si hubo falsificaciones en las firmas de alguno de los documentos. De todos ellos, aportados en forma de fotocopias por la acusación, solo en uno ha podido concluir que fue firmado por el acusado tanto en la casilla de comprador como de vendedor. Un hecho que tampoco ha ayudado a esclarecer realmente algo.

LA FISCALÍA NO VE NINGÚN DELITO DE ESTAFA Y PIDE LA ABSOLUCIÓN

Durante las conclusiones de la vista oral, la fiscal ha manifestado su petición de absolución al acusado al no creer que haya documentos que demuestren ningún pacto y la “tardanza” de la víctima en denunciar. “He estado casi dos años detrás de mi amigo para que me devolviera el dinero, por eso no he denunciado antes”, había señalado la presunta víctima durante su declaración. La acusación particular ha insistido en el engaño, ánimo de lucro y perjuicio económico causado por el acusado, pidiendo una indemnización que asciende a los 300.000 euros.

La defensa, a cargo del letrado José Ignacio de Arsuaga, ha sostenido no existe ningún delito de estafa, ya que simplemente la empresa de su cliente, B. S. M., quebró por la pandemia, y se trata de “una cuestión civil entre dos amigos”, por lo que no debería dirimirse en la Sección Sexta de la APZ. “Mi cliente se quedó sin nada y el denunciante le puso una querella catalana”, ha apostillado el letrado de la defensa. Además, para José Ignacio de Arsuaga ha quedado demostrado que durante la compraventa “no hubo ausencia de consentimiento porque el denunciante firmó todas las facturas para ello”.