La Audiencia Provincial de Zaragoza juzga esta semana a un hombre, Muddasar Shariff P. por presuntamente poner a nombre de su entonces esposa una empresa y varios contratos para operar en España sin aparecer él en la documentación. Un entramado que, según la acusación particular, ha terminado con deudas, multas y embargos contra la perjudicada por valor de casi 60.000 euros. La abogada de la víctima pide hasta 8 años de cárcel por los delitos de estafa, administración desleal, falsedad documental y usurpación del estado civil, así como la devolución total del perjuicio económico.
Según el escrito de acusación particular al que ha tenido acceso ARAGÓNPRESS, el procesado se casó en Pakistán el 13 de mayo de 2011 y, ya en España, habría creado una sociedad a nombre de su esposa, falsificando su firma “en multitud de ocasiones” y usurpando su identidad para firmar alquileres, contratos de trabajo, arrendamientos de vehículos y suministros, mientras ella creía que su marido llevaba un negocio de venta de fruta.
DEUDAS, MULTAS Y EMBARGOS A NOMBRE DE LA PERJUDICADA
La acusación sostiene que el impacto económico se destapó cuando la mujer abandonó el domicilio y, ya fuera, empezó a recibir embargos y reclamaciones de distintos organismos por deudas generadas presuntamente por el acusado. En el desfalco figuran, entre otros conceptos, 25.649,66 euros reclamados por la Agencia Tributaria, 6.707,32 euros del Ayuntamiento de Zaragoza por tasas e impuestos vinculados a los locales, 3.118,71 euros de la Tesorería de la Seguridad Social, un préstamo de 6.219,89 euros y una sanción administrativa de 10.000 euros del Ministerio de Trabajo, además de recargos y embargos ya ejecutados.
En total, la acusación cifra el perjuicio en 59.393,56 euros y atribuye al procesado delitos de estafa, usurpación del estado civil, administración desleal y falsedad en documento mercantil. En su relato, para evitar “afrontar las deudas”, el acusado habría dejado todo a nombre de la perjudicada y, cuando esta tomó conciencia de la gravedad, trató de frenar la situación contactando con la gestoría y buscando dar de baja la actividad, aunque algunos suministros e impuestos habrían seguido vinculados a su nombre. La letrada de la denunciante, Berta Esther Portero Lahuerta, también interesa que se le imponga al acusado una multa de 10.950 euros además de los años de privación de libertad.
La defensa, por su parte, niega los hechos y sostiene que “no ocurrieron como se narran”, reclamando la libre absolución del acusado al entender que no existe infracción penal ni responsabilidad civil derivada. La vista oral del juicio está prevista para este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
