Juzgan la estafa del exdirector técnico de Cermi-Aragón que se apropió de 130.000 euros: “No nos dejó ni para pagar la luz”
Una cuantía de 45 céntimos fue la que dejó el exdirector técnico de Cermi-Aragón, Daniel B. A., en las cuentas bancarias de la entidad que agrupa a representantes de personas con discapacidad en la Comunidad. El acusado de estafa continuada, sentado en el banquillo de los acusados este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, desvió hasta 130.000 euros hacia sus cuentas durante nueve meses, desde enero hasta octubre de 2022. “No nos dejó dinero ni para pagar la luz”, ha declarado una trabajadora de la organización ante los magistrados. El imputado, a quien podrían caerle hasta tres años y medio de cárcel, ha manifestado que las transferencias las realizó “bajo los efectos de sustancias y por sus grandes problemas de adicción”.
De hecho, fue él mismo quien confesó, al menos parcialmente, que había dejado a cero las cuentas del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón (Cermi-Aragón) ante la vicepresidenta y el secretario general, José L. C. “Estábamos en la ruina”, ha expresado este último ante la Sección Sexta de la APZ. “Hubo que pedir un préstamo de 15.000 euros al Cermi estatal y otro de 80.000 euros a la ONCE para poder pagar las nóminas y no perder las subvenciones de la DGA y el Ayuntamiento”, ha explicado la vicepresidenta de la entidad en Aragón, Marta V., durante su relato.
- VIAJES A MADRID Y UNA VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO
- HASTA 51 TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS MEDIANTE SMS
VIAJES A MADRID Y UNA VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO
“Me dijeron que había una situación de apropiación económica y era necesario rescatar a Cermi-Aragón por insolvencia grave”, ha señalado la representante del comité a nivel estatal. El acusado elaboró una lista con parte de las transferencias que efectuó y cuyo importe ascendían, en un primero momento, a 115.00 euros. Tras comunicárselo a sus superiores, fue despedido el 9 de noviembre de 2022 bajo un acuerdo a través del cual se comprometía a devolver el dinero. Algo que a día de hoy no ha sucedido. El exdirector técnico trabajaba en el Cermi-Aragón desde 2013, y aunque sólo podía visualizar las dos cuentas del organismo (una corriente y otra de crédito, las dos en Ibercaja), logró ejecutar hasta 51 traspasos de dinero.
El acusado desembolsó parte del dinero sustraído para presuntos viajes personales en AVE a Madrid, recibos sin especificar e incluso llegó a cobrar una subvención de casi 10.000 euros de una visita al Parlamento Europeo en Bruselas en junio de 2022 cuando puso su cuenta personal a Viajes Area. “Algunos conceptos de los movimientos bancarios que realizó eran totalmente inventados”, ha mantenido el secretario general de Cermi-Aragón ante las preguntas de la acusación particular, en manos de la abogada Carmen Cifuentes, del despacho Trebolle.
HASTA 51 TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS MEDIANTE SMS
En su defensa, Daniel B. A. ha sostenido que “le despidieron y ya no tenía dinero ni ningún ingreso”. Además, ha echado la culpa al gestor del comité por no revisar la desaparición del dinero en las cuentas que se estaba produciendo y ha señalado que las transferencias “estaban autorizadas gracias a un código a modo de firma y SMS que debieron autorizar tanto el secretario como la vicepresidenta de Cermi-Aragón”. A su vez, el acusado se ha escudado en una supuesta adicción a las drogas como leitmotiv para cometer el delito.
Su abogada defensora no se explica “cómo el acusado consiguió las claves que autorizaron los movimientos bancarios” y por ello ha pedido su absolución no sin antes intentar declarar nulo el juicio porque su cliente “solo había declarado en el juzgado de guardia y no había resultado de la prueba de drogas” que se le practicó. El Ministerio Fiscal interesa una pena de tres años de prisión así como una multa de 2.160 euros y una responsabilidad civil de 132.968,51 euros. La acusación particular, en nombre de Cermi-Aragón, pide una condena de tres años y medio de cárcel por la estafa continuada además de elevar la multa hasta los 4.050 euros y una indemnización de 128.119,33 euros.