Juicio a Lucio Cucalón: firmas calcadas, "error contable de 1,2 millones" y guerra política en Aguarón
El polémico alcalde de Aguarón y presidente de la comarca Campo de Cariñena, Lucio Cucalón, se ha sentado este martes en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza acusado de falsear las cuentas de la Sociedad de Desarrollo de Aguarón y de gestionar de forma desleal un proyecto fallido de polígono industrial que ha dejado un agujero que va de 60.000 euros hasta los 1.224.000 euros en el peor de los casos, según la acusación popular. Una cantidad que habría servido para "aparentar falsa solvencia" en la sociedad. Frente a él, una petición de hasta siete años y medio de prisión y cuatro de inhabilitación por parte de la acusación y tres años de cárcel y dos de inhabilitación del Ministerio Fiscal. A su lado, el exconcejal y secretario del consejo de la mercantil, José Luis Murcia, que ha salido del juicio con un horizonte algo más despejado después de que la Fiscalía haya retirado contra él los cargos de falsedad documental.
El juicio, largo y denso, se ha prolongado desde las 10.30 horas hasta pasadas las 17.30 horas, con un receso para comer, entre informes periciales, reproches políticos soterrados y una batalla técnica sobre si lo ocurrido es un fraude penal o una simple “dejadez mercantil” sin relevancia criminal. En el centro de todo, las cuentas de la Sociedad de Desarrollo de Aguarón S. L., creada en 2006 para levantar un polígono industrial que nunca llegó a hacerse y que quedó prácticamente inactiva a partir de 2011.
LAS CUENTAS DE 2016 A 2019, EN EL OJO DEL HURACÁN
La clave del proceso está en las cuentas anuales de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. Para poder disolver la sociedad y llevarla a concurso de acreedores era obligatorio presentar, al menos, las cuentas de los tres últimos años. En este caso, esas cuatro anualidades se han depositado a la vez en el Registro Mercantil en marzo de 2021, cuando la sociedad llevaba años sin actividad y las tensiones políticas en el Ayuntamiento de Aguarón ya eran evidentes.
La acusación sostiene que esas cuentas nunca fueron aprobadas por la Junta de la sociedad, que coincide con el pleno municipal, y que las certificaciones remitidas al Registro son falsas. La pericial caligráfica ha detectado que las firmas del presidente y del secretario del consejo están “calcadas”, idénticas en los cuatro documentos, algo que la experta ha considerado materialmente imposible en firmas originales. En una de ellas, además, la rúbrica atribuida a José Luis Murcia coincide en realidad con la de un antiguo secretario municipal, Luis Barbería, jubilado hace una década.
FISCALÍA HABLA DE FALSIFICACIÓN Y “DOMINIO DEL HECHO”
Para la Fiscalía, esto no es un simple error administrativo. El Ministerio Público ha subrayado que, entre 2016 y 2019, Cucalón era la única persona con capacidad para certificar las cuentas ante el Registro Mercantil y que “tenía el dominio del hecho”. “Era conocedor de la necesidad de presentar esas cuentas para instar el concurso de acreedores y sabía que no se habían celebrado las juntas”, ha defendido el fiscal, recordando que todos los consejeros, “incluido el propio regidor”, han reconocido en sala que esas reuniones nunca se llevaron a cabo.
Según la representante del Ministerio Público, las certificaciones remitidas al Registro son “de contenido falso”, porque acreditan una aprobación de cuentas que no existió y se utilizan para ocultar la verdadera situación patrimonial de la sociedad. En su criterio, Cucalón “autorizó o consintió su composición” para poder cumplir formalmente con el requisito de depósito de cuentas y ganar tiempo ante una sociedad sin actividad, con deudas y con un patrimonio muy mermado. Por ello, mantiene la acusación por falsedad documental, con una petición de tres años de prisión y dos de inhabilitación especial.
La acusación popular, ejercida por el exalcalde y actual concejal del PP Juan Carlos Bernal, va mucho más allá. Su abogado, Alejandro Navarro Martínez, ha hablado de “total oscuridad en la custodia de la documentación” y de una gestión “que ha causado un perjuicio evidente al municipio”. Mantiene en 1.224.000 euros la cantidad que aparecía en la partida de asistencias de la sociedad municipal para "aparentar solvencia" o "no llegar a presentar concurso de acreedores", sumando el aval municipal de 340.000 euros, gastos asumidos por el Ayuntamiento que no le corresponderían y facturas sin contrato. A su juicio, las juntas no se convocaban “no porque no hubiera actividad, sino porque no querían dar explicaciones por los gastos y los intereses”. Interesa tres años de cárcel por la presunta falsedad documental y cuatro años y seis meses por un delito de administración desleal en el ámbito público.
LA DEFENSA HABLA DE “DEJADEZ MERCANTIL, NO PENAL”
Frente a estas tesis, la defensa de Cucalón ha levantado un muro apoyado en dos periciales: una caligráfica y otra contable. El abogado Juan Carlos Monclús insiste en que los certificados no prueban nada contra su cliente. “Es imposible que cuatro firmas sean exactamente idénticas, luego estamos ante una fotocomposición, un calco; uno ni son certificados válidos ni sabemos quién los ha enviado a la gestoría”, ha recalcado incluso a la salida del juicio en atención a medios, apuntando a que la propia empresa que los presentó telemáticamente no ha podido concretar con qué persona del Ayuntamiento habló.
En el plano económico, la defensa ha centrado su estrategia en la famosa partida de “existencias” de 1.124.000 euros que seguía figurando en la contabilidad cuando, según el perito de la defensa y la propia Cámara de Cuentas, las fincas y activos ya habían sido adjudicados a las entidades financieras que ejecutaron hipotecas y préstamos. “No había existencias ya, era un error contable sin trascendencia práctica”, ha resumido Monclús. En sala ha llegado a afirmar que estamos ante “dejadez mercantil, pero no dejadez penal” y que “nadie ha metido la mano en la caja”.
CUCALÓN NIEGA LA FALSIFICACIÓN Y MINIMIZA EL PERJUICIO
Lucio Cucalón ha declarado por la tarde, visiblemente tenso, pero firme en su versión. Ha admitido que entre 2016 y 2019 “no hubo juntas” de la sociedad y que él no encargó a ninguna gestoría la elaboración de esas cuatro cuentas. “La sociedad estaba inactiva, no tenía sentido hacer encargos”, ha señalado. Ha asegurado que, siendo presidente de la sociedad pero concejal en la oposición, “ni siquiera le dejaban entrar en la Alcaldía, que es donde estaban las cuentas”.
Al ver por primera vez las certificaciones, ya en manos de su propio abogado, Cucalón dice que supo que algo no cuadraba. “En principio, cuando vi aquella certificación, sabía que yo no la había firmado. Y cuando vi la que supuestamente era de José Luis Murcia dije y esto es imposible. Esa firma era de Luis Barbería, he visto su rúbrica miles de veces en quince o veinte años”. Por eso, ha explicado, pidió la pericial caligráfica que ahora ha llevado a la Fiscalía a retirar la acusación contra Murcia. “Yo no he hecho esa composición”, ha remarcado.
Sobre el supuesto perjuicio económico, el alcalde ha negado que la sociedad deba más de un millón de euros. “Eso no es cierto. La sociedad no debe nada. Lo único que el Ayuntamiento avaló fueron 340.000 euros y ni siquiera están reclamados por las entidades bancarias”, ha sostenido. Ya de nuevo como alcalde desde 2023, ha defendido que contrató a una consultora externa de prestigio para llevar a cabo el concurso de acreedores y extinguir definitivamente la sociedad. “A día de hoy no hay deuda”, ha resumido ante el tribunal.
UN PROCESO CON FONDO POLÍTICO
La defensa ha enmarcado la denuncia de Bernal en los “desencuentros personales y políticos” entre ambos, que se han ido alternando en la Alcaldía en los últimos años. “Se ha llevado a la vía penal una cuestión civil, contable y claramente política. El denunciante del Partido Popular denuncia al alcalde de otra formación, después de años sin reclamar nada”, ha criticado Monclús en su informe, tras recordar que durante más de una década nadie impugnó las cuentas ni acudió a los tribunales mercantiles.
Monclús ha insistido en que “no hay caso” y que, si las pruebas periciales que hoy se han visto en sala se hubieran practicado en instrucción, probablemente el procedimiento ni habría llegado a juicio. Ha calificado la investigación previa de “limitadísima” y ha subrayado que ni la Guardia Civil ni el juzgado exhibieron las cuatro certificaciones a los investigados antes de hoy. “No han podido decir si aquella era su firma o no hasta que se las hemos enseñado nosotros, años después”, ha denunciado.
Cucalón, por su parte, ha deslizado también ese trasfondo político cuando su abogado le ha preguntado por el origen de la denuncia. “¿Por qué cree que le ha denunciado el señor Bernal?”, le ha planteado Monclús. “Pues no lo sé… Igual es porque yo gané las elecciones y él no”, ha contestado el alcalde, arrancando algún gesto entre el público presente en la sala.
El tribunal, presidido por la magistrada Nicolasa García, ha dejado el caso visto para sentencia tras una jornada maratoniana en la Audiencia de Zaragoza. Ahora deberá decidir junto al resto del Tribunal de la Sección Tercera si las certificaciones de cuentas y la gestión de la Sociedad de Desarrollo de Aguarón constituyen falsedad documental y administración desleal o si, como sostiene la defensa, todo se reduce a una mala gestión contable de una sociedad sin actividad y un conflicto político trasladado a la vía penal.