El paraje Curva de Valero, en pleno embalse de Mequinenza, parecía un enclave más para la pesca deportiva. Pero una inspección rutinaria del Seprona ha sacado a la luz un entramado irregular de embarcaciones alquiladas con matrículas falsificadas, sin permisos, sin seguro y fuera de cualquier control legal. El responsable, un varón que ya ha sido identificado, está siendo investigado por un delito de falsedad documental.
Las pesquisas comenzaron el pasado 25 de junio, cuando agentes del Seprona de la Guardia Civil patrullaban el embalse y detectaron un embarcadero flotante sin matrícula de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), requisito obligatorio para su legal instalación. En ese momento, encontraron a un pescador, vecino de La Rioja, que informó haber alquilado una embarcación en el propio pantalán para utilizarlo como puesto de pesca.
UN ENGAÑO SISTEMÁTICO: MATRÍCULA CLONADA Y SIN SEGURO
Durante la revisión de las embarcaciones amarradas, los agentes localizaron una placa de matrícula sospechosa, lo que motivó comprobaciones adicionales. Tras contactar con los supuestos titulares, residentes en Navarra, se constató que una de las embarcaciones alquiladas portaba una matrícula falsificada. El responsable del embarcadero habría copiado la numeración de una embarcación real, aprovechando que su propietario dejó de frecuentar la zona, y la colocó en otra barca, evitando así registrar el vehículo y pagar los costes asociados: seguro de responsabilidad civil, certificados de navegabilidad e inspecciones.
Este fraude implicaba directamente a los clientes, pescadores que creían estar navegando con todas las garantías legales, cuando en realidad lo hacían sin seguro ni documentación, exponiéndose a riesgos tanto personales como legales. La falta de cobertura dejaba también sin protección a terceros ante cualquier posible accidente.
DELITO PENAL Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA
El pasado 8 de julio, el Seprona procedió a investigar formalmente al responsable por un presunto delito de falsedad en documento público, al amparo del artículo 392 del Código Penal. Pero la investigación no se queda ahí. La Guardia Civil también ha dado traslado de los hechos al Servicio Provincial de Turismo del Gobierno de Aragón, dado que el alquiler de embarcaciones sin autorización constituye una infracción a la Ley de Turismo de Aragón.
Según señalan desde el instituto armado, este tipo de prácticas pueden dañar gravemente el turismo de pesca, que cada año atrae a cientos de personas a los embalses del Bajo Aragón. "Operar fuera de la legalidad pone en riesgo la seguridad y el prestigio de un sector que es clave en determinadas zonas rurales", concluyen fuentes de la investigación.
