Un informe alerta del colapso médico en las cárceles aragonesas: “Estoy minusválido por la falta de atención”
La falta de médicos, los retrasos de semanas o meses para ser atendidos y la sensación de abandono que describen decenas de internos vuelven a situar la sanidad penitenciaria de Aragón en el ojo del escrutinio. El Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (CAMPA) ha presentado este miércoles en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza un informe en el que denuncia una “desatención médica” estructural en las cárceles aragonesas y reclama medidas urgentes dentro de la campaña Salud y Libertad.
El documento, titulado Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón, sostiene que el deterioro sanitario en prisión no es solo una consecuencia del encierro, sino también del déficit de personal, la falta de atención especializada y la opacidad institucional. El propio informe advierte, no obstante, de una limitación importante. La encuesta en la que apoya parte de sus conclusiones se realizó a 34 personas presas y sus autoras admiten que la muestra “no es concluyente”, aunque sí consideran que confirma muchas de las quejas recogidas en los testimonios directos de internos.
Laura Navarro y Rebeca Pena, militantes de la campaña, han explicado que el origen de este trabajo está en la muerte de Juan Francisco, un preso fallecido en diciembre de 2024 tras sufrir una hemorragia gastrointestinal derivada de la enfermedad de Crohn. Según han relatado, su madre, Ana Álvarez, contactó con el colectivo para denunciar lo ocurrido. A partir de ahí, CAMPA decidió analizar con más detalle la situación sanitaria en Zuera, Daroca y Teruel. "Casi les faltó darle el cuerpo de su hijo en una bolsa cualquiera", han asegurado las portavoces, que insisten en que la dificultad para acceder a datos oficiales ha obligado a reconstruir buena parte del informe a través de cartas, contactos con familiares y testimonios de presos.
FALTA DE MÉDICOS Y OPACIDAD EN LAS CÁRCELES DE ARAGÓN
Una recopilación ardua que se ha prolongado durante dos años y cuyo resultado sitúa el problema en un marco más amplio. Recuerda que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 preveía la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas en un plazo de 18 meses, algo que Aragón no ha asumido. Según el informe, solo Cataluña, País Vasco y Navarra han integrado ese modelo, con mejores ratios de personal y más facilidad para el acceso a especialistas. En el conjunto del Estado, con datos de diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 de las 507 plazas médicas previstas para prisión, apenas un 30% del total, para atender a unas 48.000 personas reclusas.
En Aragón, la fotografía que dibuja el documento es especialmente dura. A fecha de 1 de septiembre de 2024, en Zuera estaban vacantes ocho de las nueve plazas de personal médico, en Daroca faltaban cinco de siete y en Teruel solo estaba cubierta una de las dos plazas existentes. El informe añade que Zuera, con 1.310 internos en marzo de 2024, ha funcionado con telemedicina, contratos externos por horas y un personal de enfermería obligado a asumir tareas impropias por la ausencia de facultativos. Durante la comparecencia, las portavoces han ido más allá y han asegurado que hoy sigue habiendo “un médico” en Zuera y que continúa sin existir una dirección médica estable que organice la asistencia.
La parte cuantitativa del estudio refuerza ese diagnóstico, aunque con la cautela que exige una muestra reducida. El 67,6% de los encuestados afirma que su salud ha empeorado desde que entró en prisión. El 86,7% señala la falta de personal médico como una de las causas y el 80% apunta a la alimentación. Además, el 55,8% considera “muy difícil” acceder a atención médica o psicológica y el 38,2% la califica de “difícil”. Cuando se les pregunta por el tiempo de espera, las respuestas más frecuentes son “meses” y “semanas”. También un 61,8% sostiene que, cuando una persona necesita atención urgente en prisión, no se le presta.
SALUD MENTAL, TESTIMONIOS Y RECLAMO DE MEDIDAS URGENTES
CAMPA también ha denunciado una atención psiquiátrica insuficiente, de sobremedicación y un sistema en el que, según han aseverado, “la cárcel ya enferma” por sí misma. El informe recoge que el 41,2% de las personas encuestadas toma medicación psiquiátrica y que ocho de esas 14 personas la consideran inapropiada. Además, ocho de las 20 que no la toman creen que necesitarían revisión psiquiátrica. Navarro y Pena sostuvieron que la figura del psicólogo en prisión muchas veces se percibe más como control que como ayuda y que la confianza en ese recurso es escasa entre buena parte de los internos.
Para ilustrar esa denuncia, han leído varios testimonios literales incluidos en el informe. “Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. “A otra persona, ante la pérdida de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. “Estoy minusválido por la falta de atención, pasan de nosotros”. “Llevo esperando 8 meses para una operación del hombro, el médico te habla de videoconferencia, no toman en serio nuestras urgencias, discriminación por parte de los médicos y funcionarios. Estoy harto de que nos traten como perros”. resume otro interno.
El informe concluye que los estándares legales “no se están cumpliendo y reclama asegurar a las personas presas la misma atención sanitaria que al resto de la ciudadanía, transferir la sanidad penitenciaria al Salud, registrar con precisión las muertes en prisión y sus circunstancias, garantizar canales de denuncia confidenciales y establecer sistemas que permitan comprobar quién ha pedido asistencia y por qué no ha sido atendido”. Las portavoces han anunciado además una jornada este sábado, 11 de abril, en el centro Joaquín Roncal para presentar oficialmente el estudio y seguir presionando sobre una realidad que, según insistieron, “se está pagando con sufrimiento y con vidas”.