El fuerte olor a marihuana que desprendía una nave en Calatayud frustra un lucrativo negocio entre dos primos

“Nunca llegué a vender nada de droga, y solo contraté a mi primo de Holanda durante cinco días para que me ayudara”, ha declarado esta mañana en la Audiencia Provincial de Zaragoza uno de los dos acusados por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Él y su pariente fueron pillados el pasado febrero por el fuerte olor a marihuana que desprendía una nave de un polígono industrial de Calatayud. Esto puso en alerta a la Policía Nacional, que terminó desmantelando una plantación indoor de marihuana con casi medio millar de plantas, 15 kilos de cogollos secos y listos para su venta, otros 44 de hojas secas de la misma planta y más de 7.000 euros en efectivo. 

Los hechos se remontan a hace diez meses, cuando varios vecinos de Calatayud dieron la voz de alarma por el olor a marihuana que desprendía la nave número 17 del polígono industrial ‘La Charluca’, cerca de la ciudad bilbilitana. Vía aérea, la policía judicial comprobó el inusual calor que desprendía dicha nave, algo que hizo levantar aún más las sospechas sobre una plantación indoor. Asimismo, agentes de la Policía Local se acercaron a las inmediaciones para comprobar el olor hediondo.

Fue el pasado 16 de febrero cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos hombres de 43 y 41 años tras comprobar cómo entraban a la nave del polígono y permanecer varias horas en su interior. Además, se descubrió cómo los presuntos autores habían defraudado un total de 45.393,20 euros a una compañía eléctrica para el crecimiento y mantenimiento de 400 plantas de marihuana, además de 15 kilos de sustancia lista para vender. Durante el juicio celebrado esta mañana en la Sección Sexta de la APZ, ambos han declarado que “nunca llegaron a vender nada”. 

UNO DE LOS ACUSADOS VINO DE HOLANDA “SOLO PARA AYUDAR 5 DÍAS”

Tras la detención e incautación de las evidencias en la nave industrial, el Juzgado de Instrucción autorizó el registro del domicilio en el que ambos convivían, lugar en el que los miembros de la Policía Nacional hallaron más de siete mil euros en efectivo. Una vez realizados los trámites en la Comisaría y confeccionado el atestado, los dos detenidos pasaron a disposición judicial, donde tras ser oídos en declaración se decretó su ingreso en prisión, hace ya 10 meses.

La defensa de ambos acusados, Natalia Frigola Marcet, ha insistido durante la vista oral que los dos hombres reconocieron los hechos desde un primer momento, así como colaborar y ayudar en todas las fases de la instrucción. El principal acusado es J. A., de origen árabe y quien alquiló la nave industrial, ha declarado “no tener trabajo desde hace dos años”, periodo en el que vivió recibiendo una pensión de Bélgica, donde residía antes de venir a España. El otro acusado, H. B. H., habría venido desde Países Bajos para ayudar a su primo con la plantación: “Vine de Holanda para ayudarle solo durante cinco días”, ha declarado.

Su mujer, que se ha sentado en el banquillo a petición de la fiscalía, ha intercedido para abonar los más de 45.000 euros a la compañía eléctrica defraudada, E-distribuciones Redes Digitales S. L., para que su marido pueda salir de la cárcel. “Tenemos dos hijos pequeños que han nacido en España”, ha explicado la mujer del acusado ante los magistrados. La letrada a cargo de la defensa ha pedido que se tengan en cuenta dos atenuantes, uno por la confesión de los hechos y otro por la reparación del daño, para reducir la pena y que así ambos acusados puedan quedar en libertad, ya que carecen de antecedentes.

LA FISCALÍA SE NIEGA A APLICAR EL ATENUANTE EN EL TRÁFICO DE DROGAS

El Ministerio Fiscal ya ha retirado la solicitud de expulsión del país de los dos procesados, ya que ha quedado demostrada la legalidad de su residencia en el continente europeo. Aún así, considera que el atenuante de reparación del daño solo se puede aplicar al delito de defraudación del fluido eléctrico, y no al de salud pública. “Es un peligro abstracto, ya que no hay un perjudicado concreto ni una víctima directa del tráfico de drogas”, ha mantenido la fiscal esta mañana.

Pide para ambos una pena de cuatro años y seis meses de prisión. La defensa, por su parte, ha insistido en que los atenuantes deben aplicarse a los dos delitos. “Mis defendidos confesaron todo desde que la Policía entró en la nave, y no han vendido ni consumido nada”, ha señalado la abogada Natalia Frigola, que cree que el atenuante debe aplicarse “según el criterio actual, en uno o dos grados, al conjunto de delitos”.