Un total de 30 personas de diferentes nacionalidades han sido detenidas por la Policía Nacional por formar parte de una organización criminal internacional dedicada a facilitar la regularización ilícita de migrantes. Estos llegaban a España en patera desde Argelia y eran alojados en un zulo ubicado en Zaragoza donde vivían en condiciones infrahumanas. El entramado les facilitaba un “pack” de regularización completa que tenía un coste que oscilaba entre los 10.000 y 15.000 euros, que podía incluir empadronamientos, contratos de trabajo o cursos de formación fraudulentos e incluso la solicitud de permisos de residencia de familiar comunitario mediante uniones civiles ficticias. La autoridad ha decretado la prisión provisional para seis personas, entre las que se encuentran los cabecillas de la trama.
La investigación policial se inició tras ser detectado un incremento inusual de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales de ciudadanos argelinos y en las que se habían presentado diferentes documentos falsos para la tramitación de las mismas.
Las pesquisas descubrieron una red criminal internacional establecida en España, con integrantes coordinados en diferentes escalones de jerarquía y especializada en la captación de nacionales de Argelia, a quienes una vez introducidos en nuestro país de manera irregular, se les gestionaba todos los trámites necesarios para iniciar su regularización.
LOS LÍDERES ORGANIZABAN DESDE ZARAGOZA UN ENTRAMADO A NIVEL INTERNACIONAL
El grupo criminal estaba asentado en la provincia de Zaragoza, donde se identificaron a los líderes del entramado, pero con ramificaciones a nivel nacional en otras provincias tales como Alicante, Murcia, Huesca y Guipúzcoa. Además, contaba con una amplia red de colaboradores e intermediarios cuya labor era facilitar la realización de empadronamientos fraudulentos en los domicilios y formalizar contratos de trabajo falsos en empresas que usaban para llevar a cabo el objetivo último y principal, que era reunir los requisitos exigidos para la presentación de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales en sus diferentes variantes.
Asimismo, contaba con colaboradores en Francia que proporcionaban clientes asentados en dicho país que buscaban arreglar su situación administrativa en España. A estos clientes se les facilitaba la posibilidad de gestionar la solicitud de permisos de residencia españoles sin necesidad de moverse del territorio francés, mediante el envío de fotocopias de sus pasaportes, empadronamientos a distancia, apertura de cuentas bancarias y justificantes médicos, entre otros.
MODUS OPERANDI: MEDIANTE EL MÉTODO “LOOK-ALIKE”
El entramado se estructuraba de forma jerarquizada, desempeñando cada integrante una labor concreta, tanto en la búsqueda de clientes a los que empadronar, como domicilios donde realizar este extremo, empresas con las que obtener contratos de trabajo o parejas con las que realizar las uniones civiles fraudulentas. Para ello, la organización solicitaba el pago de cantidades económicas que variaban entre los 600 y 900 euros por realizar un empadronamiento, entre 3.000 y 10.000 euros por un contrato fraudulento, entre 2.000 y 6.000 euros por una unión civil ficticia o 200 euros por el transporte de documentación.
La elaboración de empadronamientos fraudulentos se realizaba mediante el método de “look-alike” por el que la organización conseguía individuos que se parecían físicamente a las personas a empadronar, sin la necesidad de que la persona se encontrara realmente en el municipio del domicilio objeto de empadronamiento, o incluso en territorio español.
LA TRAMA CONTABA CON ENLACES DIRECTOS DE PATERAS QUE LLEGABAN DESDE ARGELIA
La organización criminal contaba con nexos de unión directos con la llegada de pateras a las costas españolas desde Argelia, siendo una fuente directa de “clientes-migrantes”, a los que se les facilitaba un “pack” de regularización completa. Los migrantes eran plenos conocedores de que a su llegada se iniciarían los trámites para su regularización, motivo por el cual facilitaban sus pasaportes originales de Argelia para que el entramado delictivo, a través de sus colaboradores, realizaran el traslado de esos pasaportes hasta territorio nacional.
Una vez en España, los inmigrantes eran alojados en condiciones infrahumanas en un zulo de apenas nueve metros cuadrados habilitado dentro de uno de los locales gestionados por la organización criminal en la ciudad de Zaragoza, y en el que vivían a la espera del inicio de los trámites de su regularización.
La actuación operativa culminó con la detención de un total de 30 personas de de diferentes nacionalidades, decretándose el ingreso en prisión de los seis principales investigados, entre los que se encuentran los cabecillas de la organización. Del mismo modo se llevaron a cabo siete entradas y registros en la provincia de Zaragoza, donde se incautó diversa documentación falsa y varios pasaportes argelinos.
