Condenada por falsificar contratos para cobrar ayudas al alquiler del Ayuntamiento de Zaragoza
Durante meses presentó contratos de alquiler y recibos que no se correspondían con la realidad para acceder a ayudas municipales al alquiler. Este lunes, en la Audiencia Provincial de Zaragoza, una mujer ha reconocido haber falseado documentación para cobrar ayudas de emergencia del Ayuntamiento de la capital aragonesa y ha evitado un juicio tras alcanzar una conformidad que le impone dos años de cárcel, una multa y la devolución del dinero defraudado, que supera los 3.000 euros.
Los hechos se remontan a 2023, cuando la acusada, Cindy A. C. M. solicitó ayudas de emergencia para el pago del alquiler de una vivienda en Zaragoza situada en la calle Miguel Artigas. Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso ARAGÓNPRESS, la acusada manipuló contratos de arrendamiento, recibos y hasta firmas para aparentar el cumplimiento de los requisitos exigidos por los servicios sociales, haciendo constar rentas inferiores a las reales y aportando documentación confeccionada expresamente para dar apariencia de legalidad al expediente.
El fraude permitió a la procesada percibir distintas ayudas municipales a lo largo de ese año, hasta que las irregularidades fueron detectadas por los propios servicios administrativos del Ayuntamiento de Zaragoza, que comprobaron que la cuenta bancaria designada para el cobro de la ayuda no coincidía con la supuesta arrendadora, así como incoherencias en los justificantes aportados. La investigación acreditó que el dinero acababa ingresándose en una cuenta de la propia encausada, además de contar con antecedentes penales similares.
En la vista celebrada este lunes, la defensa, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la abogada Olga Oseira, alcanzaron una conformidad por un delito de estafa. El acuerdo fija una pena de dos años de cárcel, nueve meses de multa a razón de dos euros diarios (lo que suma unos 540 euros) y el pago de 3.300 euros en concepto de responsabilidad civil al Ayuntamiento de Zaragoza. La acusada es considerada persona vulnerable al tener a su cargo cuatro menores, un extremo que ha sido tenido en cuenta en la resolución.