Absuelto el dueño de una conservera acusado de estafar a otra más de 100.000 euros
Zaragoza.- La Audiencia de Zaragoza ha absuelto al administrador de una conservera, José Luis M., de 76 años, que estaba acusado de un delito continuado de estafa por no atender los pagos a otra empresa que le había vendido mercancía y causarle un perjuicio superior a los 100.000 euros.
Para la Audiencia de Zaragoza "no ha quedado suficientemente acreditado" que José Luis M. tuviera intención de engañar al vendedor y de no pagar la deuda cuando hizo el pedido.
La empresa del acusado se dedicaba a la comercialización y venta de productos relacionados con las conservas vegetales y semiconservas, era "la primera" en el sector de la venta de guisantes y mantuvo relaciones comerciales con otra mercantil, que le suministró productos por importe mensual superior a los 36.000 euros, considera probado la sentencia.
A finales de 2013 o principios del año 2014, buscaron asesoramiento en un conocido despacho de abogados para la venta de la empresa y se iniciaron las gestiones. El consejo de los asesores fue que la compañía se mantuviera activa y, como ya no fabricaba productos, lo compraba a la otra compañía con la que habían mantenido relaciones comerciales y lo revendían aunque el margen comercial era menor.
"Como consecuencia del consejo de los asesores y dado que la intención del acusado era la venta de la empresa", durante los meses de noviembre y diciembre de 2014 y enero de 2015 hizo unos pedidos mensuales que triplicaban la cuota de facturación mensual habitual: 158.819,01 euros en noviembre, 113.275,07 euros en diciembre y 60.152,40 euros en enero, aumentando el límite de riesgo de la mercancía hasta 300.000 euros.
Para abonarlas, entregaron unos pagarés a 90 días de vencimiento, pero después de esos pedidos "se precipitó la falta de financiación y el embargo de las cuentas", reza la sentencia. Así, el que fuera entonces director financiero de la empresa del acusado aconsejó que se presentara concurso de acreedores. Al principio había varios compradores pero al final "todo se precipitó" hasta que en febrero de 2015 se interpuso el concurso ante el juzgado. Se acordó así la liquidación de la sociedad y el perjuicio causado a la empresa suministradora del producto se fijó en 156.745,04 euros, ya que de la cantidad total se ha abonado el 18% de la deuda.
El concurso ha sido declarado fortuito y parte de la deuda se ha compensado con entrega de mercancía. El acusado llegó incluso a prestar 600.000 euros de su patrimonio y en los últimos años no cobraba sus salarios. La sentencia se puede recurrir ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.