Zaragoza.- El profesor de la UZ acusado de malversación de caudales públicos, que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial, no dudó ayer en proclamar su inocencia y achacar la doble facturación a un error de las administrativas. Durante la segunda jornada de la vista oral, estas trabajadoras han reconocido el “descontrol” existente en su departamento.
Las dos administrativas que admitieron los gastos de José Miguel Tricas Moreno han señalado ante los miembros del Jurado Popular que se pagaban los tickets que traían los profesores, “cometiendo el error de no cotejarlos”. “Si a nosotros nos traían facturas 17 ó 20 días después lo incluíamos en la remesa y se pagaba mediante el cheque”, ha señalado una de ellas, María José.
Asimismo, han aseverado que eran los propios docentes los que pasaban los gastos y que “nunca creyeron que se les pusiera ocultar algo”.
Ese error no ha sido admitido por parte de la representante de la Fiscalía que ha insistido en que se pasaban facturas duplicadas en diferentes meses. Una cuestión que no ha tenido una respuesta clara por parte de ninguna de las administrativas, quienes han aseverado que “no saben cómo puede haber dos copias originales, pero que sí han visto, tras analizarlo todo de nuevo, que un ticket se pagaba una vez y al tiempo se volvía a hacerlo”.
Durante la declaración, en la que una de ellas ha llegado a emocionarse por sentirse culpable al no percatarse de lo ocurrido, también ha quedado patente que no existían directrices para realizar tareas en el departamento. De hecho, una de ellas pidió a los profesores que les dieran copias porque “se perdían papeles o no se podían hacer fotocopias en un momento dado”.
Por la sala de vistas también ha acudido el interventor designado por el rector de la Universidad de Zaragoza, quien se ha limitado ha confirmar que el encausado dijo desde el primero momento “que no fue consciente de lo que había pasado y que iba a devolver el dinero –como ya ha hecho–”.
La vista oral contra José Miguel Tricas Moreno finalizará mañana para que el Jurado pueda deliberar sobre su culpabilidad o inocencia. El profesor se enfrenta a penas que van entre seis meses y tres años de prisión que piden la Fiscalía y la acusación particular en nombre de la UZ, además de seis meses de inhabilitación. La defensa mantiene la libre absolución.
