La Universidad se moviliza contra la "privatización de la Universidad pública"
05 de noviembre de 2001 (19:16 h.)
La privatización de la Universidad pública y la precaria situación del profesorado son algunos de los aspectos de la L.O.U. por los que la comunidad universitaria zaragozana ha convocado una huelga en señal de protesta. Saldrán a la calle este próximo miércoles.
Zaragoza.- En 1983 se aprobó la Ley de Reforma Universitaria y ahora el Gobierno del Partido Popular va a aprobar la nueva Ley Orgánica de Universidades, que supondrá numerosos cambios en las universidades españolas que no han sido bien acogidos dentro de la comunidad universitaria, entre ellas la zaragozana. Tanto personal administrativo, profesorado o estudiantes son conscientes de que se necesitaba un cambio, “pero no éste”.
En Zaragoza, la Plataforma por la Universidad Pública de Calidad, formada por trece colectivos, ha mostrado su más enérgico rechazo a esta nueva ley que entiende que va suponer importantes perjuicios para todos y por ello ha informado de sus movilizaciones y sus razones en una Asamblea General en la que ha invitado a la participación en una jornada de huelga convocada para el próximo miércoles. La Plataforma considera que se tiende a una privatización de la Universidad pública, que se precariza la situación de profesores y alumnos y que las propias universidades pierden autonomía y competencias.
Durante la Asamblea se han explicado repercusiones del texto legislativo como que “apoya a las universidades privadas, politiza la Universidad, precariza al profesorado -ya que hasta el 49% puede ser no permanente- los estudiantes perderán participación y representación o incluso no se garantizan los apoyos a la investigación”.
El portavoz de la Plataforma, Miguel Ángel Ruiz, explicaba que la ley “va a afectar en mucho. Una de las razones por las que protestamos es que el Gobierno ha cogido la Universidad y la ha empezado a querer rehacer toda entera como si lo que hubiera no valiera la pena” y ha apuntado aspectos como que “cambia desde el sistema de selección del profesorado, el sistema de funcionamiento interno y de representación. Hay un cambio de nombre de todos los órganos de gobierno y de administración, y además existe una gran desconfianza en los procedimientos democráticos de las universidades porque se obliga a elegir al claustro.”
Ruiz ha afirmado que el mensaje que quieren dar es que “es necesario un cambio, ya que la L.R.U. tiene muchos aspectos superados, pero lo que no se puede hacer es una tabla rasa y pensar que todo lo existente no tiene sentido” y ha añadido que lo que quieren decir es que la Universidad pública “funciona razonablemente bien y que se ha perdido una oportunidad muy buena para mejorarla”.
FALTA DE DIÁLOGO
Uno de los aspectos que más duele a la comunidad universitaria es que en la redacción del texto no se ha tenido en cuenta su postura. Ruiz ha recordado que sus propuestas, en las comparecencias que se pidieron en la comisión de Educación del Congreso, “fueron rechazadas por la mayoría del PP y Coalición Canaria. Es muy doloroso que el testimonio de rectores o expertos en educación no haya sido tenido en cuenta”. Además, ha comentado, que la nueva ley “por su carácter no político, merecía mucho más tiempo de maduración, diálogo, reflexión y eso se nos ha hurtado; es una pena para todos porque la Universidad es el instrumento de la sociedad para la mejora y el cambio social”.
En la movilización del miércoles estarán presentes personal administrativo y de servicios, profesores, estudiantes, etc... María José Rabanaque, miembro de la Junta de Gobierno por el colectivo de profesores, señalaba que con esta ley “la Universidad pública se ve amenazada” y que por eso están preocupados “por lo que va a suponer para la Universidad un cambio así, desde subidas de tasas, hasta el empuje que se les da en la ley a las universidades privadas” y ha aclarado que “lo que subyace en la ley es una potenciación clarísima de la Universidad privada frente a la pública”.
Rabanaque indicaba que lo que se pretende conseguir con la movilización del miércoles es que, si es posible, “en el senado se acepten enmiendas que no se han aceptado en el Parlamento, aunque tenemos claro que esta ley no se puede arreglar con enmiendas parciales, pero al menos que se revisen aspectos como la financiación, las competencias que se han dado a las comunidades autónomas, que siempre han sido de la Universidad, como la creación de estudios o la apertura de centros, o la desdemocratización a la que se tiende centrando el poder en el rector, decanos y directores de departamento, lo que supone una vuelta atrás de 30 años en el proceso democrático de este país”.
LOS ESTUDIANTES PIERDEN REPRESENTACIÓN
Por su parte, Sergio Sahún, representante de los Estudiantes en Defensa de la Universidad Pública (E.D.U.), ha comentado que con la L.O.U. “prácticamente no vamos a poder influir en ninguna decisión de las universidades públicas españolas”. Sahún ha añadido que un derecho como el de la Educación superior “se vulnera con la equiparación de la privada con la pública en el Consejo de Universidades porque así se va a tender a una competitividad negativa entre ambas”, con lo que entiende que las más beneficiadas serán “las privadas y las públicas afines al gobierno de turno, con lo que habrá universidades de elite y otras que funcionen mal”.
Sahún ha insistido en el hecho de que es una ley en la que “no se ha contado con nadie de la comunidad universitaria” y por eso espera que sea una ley “en principio corta, porque suponemos que si hay un Gobierno de otro color es posible que la modifique”. El representante estudiantil ha manifestado también que con la huelga se pretende “que el Gobierno no se vaya de rositas en este asunto. Ha utilizado su mayoría absoluta como un auténtico rodillo y por lo menos que se vea que tiene un problema con la comunidad universitaria”. Sahún ha concluido explicando que él cree que “esto es el principio porque a partir de ahora se repetirán las movilizaciones, ya que hay que tener en cuenta que la ley paraliza la Universidad a niveles como el de contratación de profesores o de estatutos”.
En Zaragoza, la Plataforma por la Universidad Pública de Calidad, formada por trece colectivos, ha mostrado su más enérgico rechazo a esta nueva ley que entiende que va suponer importantes perjuicios para todos y por ello ha informado de sus movilizaciones y sus razones en una Asamblea General en la que ha invitado a la participación en una jornada de huelga convocada para el próximo miércoles. La Plataforma considera que se tiende a una privatización de la Universidad pública, que se precariza la situación de profesores y alumnos y que las propias universidades pierden autonomía y competencias.
Durante la Asamblea se han explicado repercusiones del texto legislativo como que “apoya a las universidades privadas, politiza la Universidad, precariza al profesorado -ya que hasta el 49% puede ser no permanente- los estudiantes perderán participación y representación o incluso no se garantizan los apoyos a la investigación”.
El portavoz de la Plataforma, Miguel Ángel Ruiz, explicaba que la ley “va a afectar en mucho. Una de las razones por las que protestamos es que el Gobierno ha cogido la Universidad y la ha empezado a querer rehacer toda entera como si lo que hubiera no valiera la pena” y ha apuntado aspectos como que “cambia desde el sistema de selección del profesorado, el sistema de funcionamiento interno y de representación. Hay un cambio de nombre de todos los órganos de gobierno y de administración, y además existe una gran desconfianza en los procedimientos democráticos de las universidades porque se obliga a elegir al claustro.”
Ruiz ha afirmado que el mensaje que quieren dar es que “es necesario un cambio, ya que la L.R.U. tiene muchos aspectos superados, pero lo que no se puede hacer es una tabla rasa y pensar que todo lo existente no tiene sentido” y ha añadido que lo que quieren decir es que la Universidad pública “funciona razonablemente bien y que se ha perdido una oportunidad muy buena para mejorarla”.
FALTA DE DIÁLOGO
Uno de los aspectos que más duele a la comunidad universitaria es que en la redacción del texto no se ha tenido en cuenta su postura. Ruiz ha recordado que sus propuestas, en las comparecencias que se pidieron en la comisión de Educación del Congreso, “fueron rechazadas por la mayoría del PP y Coalición Canaria. Es muy doloroso que el testimonio de rectores o expertos en educación no haya sido tenido en cuenta”. Además, ha comentado, que la nueva ley “por su carácter no político, merecía mucho más tiempo de maduración, diálogo, reflexión y eso se nos ha hurtado; es una pena para todos porque la Universidad es el instrumento de la sociedad para la mejora y el cambio social”.
En la movilización del miércoles estarán presentes personal administrativo y de servicios, profesores, estudiantes, etc... María José Rabanaque, miembro de la Junta de Gobierno por el colectivo de profesores, señalaba que con esta ley “la Universidad pública se ve amenazada” y que por eso están preocupados “por lo que va a suponer para la Universidad un cambio así, desde subidas de tasas, hasta el empuje que se les da en la ley a las universidades privadas” y ha aclarado que “lo que subyace en la ley es una potenciación clarísima de la Universidad privada frente a la pública”.
Rabanaque indicaba que lo que se pretende conseguir con la movilización del miércoles es que, si es posible, “en el senado se acepten enmiendas que no se han aceptado en el Parlamento, aunque tenemos claro que esta ley no se puede arreglar con enmiendas parciales, pero al menos que se revisen aspectos como la financiación, las competencias que se han dado a las comunidades autónomas, que siempre han sido de la Universidad, como la creación de estudios o la apertura de centros, o la desdemocratización a la que se tiende centrando el poder en el rector, decanos y directores de departamento, lo que supone una vuelta atrás de 30 años en el proceso democrático de este país”.
LOS ESTUDIANTES PIERDEN REPRESENTACIÓN
Por su parte, Sergio Sahún, representante de los Estudiantes en Defensa de la Universidad Pública (E.D.U.), ha comentado que con la L.O.U. “prácticamente no vamos a poder influir en ninguna decisión de las universidades públicas españolas”. Sahún ha añadido que un derecho como el de la Educación superior “se vulnera con la equiparación de la privada con la pública en el Consejo de Universidades porque así se va a tender a una competitividad negativa entre ambas”, con lo que entiende que las más beneficiadas serán “las privadas y las públicas afines al gobierno de turno, con lo que habrá universidades de elite y otras que funcionen mal”.
Sahún ha insistido en el hecho de que es una ley en la que “no se ha contado con nadie de la comunidad universitaria” y por eso espera que sea una ley “en principio corta, porque suponemos que si hay un Gobierno de otro color es posible que la modifique”. El representante estudiantil ha manifestado también que con la huelga se pretende “que el Gobierno no se vaya de rositas en este asunto. Ha utilizado su mayoría absoluta como un auténtico rodillo y por lo menos que se vea que tiene un problema con la comunidad universitaria”. Sahún ha concluido explicando que él cree que “esto es el principio porque a partir de ahora se repetirán las movilizaciones, ya que hay que tener en cuenta que la ley paraliza la Universidad a niveles como el de contratación de profesores o de estatutos”.