La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha reivindicado en la comisión general de Comunidades Autónomas del Senado el cumplimiento de la Ley de dependencia por parte del Gobierno de España en lo que se refiere al 50% de la financiación que tiene que asumir Estado. “En concreto, en Aragón, en el año 2024, el Estado solo financiaba el 34% de nuestros servicios de dependencia. Este año será todavía menos ese porcentaje”, ha expresado Susín.
Además, considera que los costes de los servicios en Aragón es “superior” al de otras Comunidades Autónomas debido a las características del territorio “despoblado, con una orografía complicada, con muchísimo territorio y además con una población muy envejecida”. “Por tanto, exigimos al Gobierno de España ese 50% de la financiación que sí se ha comprometido con el País Vasco o con Cataluña. No podemos admitir que haya dependientes de primera y de segunda en función de donde vivan”, ha criticado la consejera.
“Las comunidades autónomas somos quienes a pulmón estamos sosteniendo los servicios y las prestaciones para las personas dependientes, quienes estamos asumiendo también las subidas salariales, quienes estamos asumiendo la subida del IPC y la repercusión que todo eso tiene sobre los servicios a las personas dependientes”, ha asegurado. En esta línea, Susín ha manifestado que para mejorar estas prestaciones, atender las demandas de las familias y aumentar las plazas en residencias, el Estado tiene que “comprometerse”. “Estamos ante derechos de papel. Los derechos solo se garantizan con financiación”.
Según Carmen Susín, las consecuencias de la “falta de financiación” ya son visibles. La ley de dependencia de 2006 todavía no se ha desarrollado ni desplegado completamente y, aun así, el Gobierno plantea avanzar en ella “sin memoria económica ni un compromiso claro de financiación”. Esta falta de recursos tiene un impacto “directo”, considera, especialmente en una comunidad como Aragón, marcada por la “dispersión territorial y el envejecimiento de su población”, donde la prestación de servicios a personas dependientes se resiente. Aunque las comunidades autónomas están sosteniendo ese sistema y garantizando la atención, lo hacen mientras observan “un deterioro progresivo de los servicios públicos que dependen del Estado”.
A pesar de esto, afirma que la situación de la dependencia en Aragón ha avanzado bastante en los últimos dos años. Según explica, se debe especialmente tras una etapa en la que las listas de espera estaban “topadas” con el anterior gobierno, lo que en la práctica impedía que muchos ciudadanos pudieran siquiera iniciar la solicitud. Frente a ese modelo, el enfoque actual ha sido abrir el sistema y facilitar el acceso, con “más recursos humanos, materiales y personales”. El objetivo era que “todo aragonés que necesite solicitar su dependencia pueda hacerlo”, eliminando barreras y ampliando la atención.
