El sector de la dependencia, en crisis: bajos salarios y sobrecarga laboral en Aragón

Aragón presenta un claro envejecimiento demográfico, con más de 306.000 personas mayores de 65 años (22,47 %) y cerca de 97.000 mayores de 80 años (7,1 %), una realidad que exige reforzar la planificación, los recursos y la atención en el sistema de cuidados y la dependencia aragonesa. Estas son algunas de las conclusiones que ha sacado la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Aragón tras analizar la situación actual del sector de la dependencia en Aragón y el estado de la negociación colectiva del IX Convenio de Dependencia de ámbito estatal.

Desde el sindicato han puesto el foco en la necesidad de “mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector” y mejorar un servicio indispensable para una comunidad con “una gran población envejecida”. Al hilo de esto, la secretaria general de la Federación en Aragón, Delia Lizana, ha advertido de que “la pandemia puso en evidencia la fragilidad del modelo de cuidados que tenemos” y ha criticado que “el modelo que tenemos aquí auspicia la especulación económica y que las empresas solo ven en este sector un modelo de inversión”.

RATIOS INSUFICIENTES

Por su parte, María Soriano, responsable de Negociación Colectiva y Sectores Privados y Dependencia en la FSS Aragón, ha denunciado que “hoy hablamos de un sector abandonado, profundamente precarizado, que refleja una preocupante realidad social", con índices de riesgos psicosociales "extremadamente elevados, cargas de trabajo excesivas” y “ritmos de trabajo insostenibles”.

Además, ha subrayado que “el 58 % de los accidentes de trabajo son debidos a sobreesfuerzos” y que esta situación “impacta directamente sobre la salud de las trabajadoras generando patologías físicas y psicológicas”. A este respecto, ha recordado que “la calidad de los cuidados depende directamente de las condiciones laborales de quien los presten y hoy esas condiciones están al límite”.

Soriano también ha criticado el sistema de ratios en Aragón, señalando que “este decreto es de 1992, por lo que estamos ante un decreto completamente desfasado” y que “las ratios que operan en Aragón son unas ratios globales”. En este sentido, ha explicado que “en Aragón, actualmente, en una residencia de asistidos opera una ratio de 35 trabajadores por cada 100 residentes”, frente al criterio estatal que “exige que haya 35 gerocultoras por cada 100 residentes”.

CONVENIO ESTATAL DE LA DEPENDENCIA

En el ámbito estatal, el responsable del área de Sectores Sociosanitarios, de CCOO, Jesús Cabrera ha destacado que “estamos negociando el noveno convenio estatal de la dependencia que atiende al sector residencial, ayuda a domicilio y teleasistencia”. Se trata de un proceso “bastante complicado” que afecta a “en torno a 420.000 personas trabajadoras”.

Ha insistido en que estamos hablando de “uno de los sectores más precarizados” y ha alertado de que “más del 80 % de las trabajadoras tienen salarios por debajo del salario mínimo interprofesional”, con “ratios de plantillas absolutamente insuficientes”. Estos, ha lamentado, incluso provocan que “se obligue a gerocultoras a hacer funciones para las que no están capacitadas”.

Asimismo, ha señalado que la financiación estatal “supone el 0,8 % del PIB, frente al 1,5 % de la media europea” y ha reclamado que “es hora ya de que se incremente sustancialmente los salarios y que se mejoren las condiciones de trabajo”.

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

Finalmente, Consuelo Cuadra ha explicado que CCOO y UGT han consensuado una plataforma conjunta para la negociación del convenio que “tiene que incidir fundamentalmente en el tema de retribuciones, en el tema de jornada y en tema de complemento de IT”, además de adaptarse a las nuevas normativas laborales. Ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo del sector, recordando que mientras el salario mínimo ha subido un 64 % desde 2018, los salarios del convenio solo lo han hecho un 15,5 %, lo que considera “impresentable”.

Entre las principales reivindicaciones, ha destacado que el salario mínimo del sector debe situarse por encima del SMI, la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas y la mejora de las prestaciones por incapacidad temporal. Cuadra ha subrayado que “es el momento de que las patronales demuestren que realmente tienen un futuro mejor para el sector” y ha defendido que mejorar las condiciones laborales es clave para “atraer y mantener a las personas trabajadoras en el sector”.