Romper un radar de la DGT no es una gamberrada menor ni un acto de rabia sin consecuencias. Es un delito. Y puede salir mucho más caro que la multa que haya captado el propio dispositivo.
En los últimos años, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha denunciado varios episodios de vandalismo contra radares fijos y de tramo en distintas comunidades autónomas. Detrás de cada cabina quemada o golpeada no solo hay daños materiales, sino una investigación penal que puede terminar en condena.
DELITO DE DAÑOS Y POSIBLE PRISIÓN
Destruir o dañar un radar está tipificado como delito de daños en el Código Penal, concretamente en los artículos 263 a 267. No se trata de una simple sanción administrativa de tráfico, sino de una infracción penal.
Las penas previstas pueden oscilar entre uno y tres años de prisión, además de una multa económica de doce a veinticuatro meses. La cuantía final dependerá de la gravedad de los hechos, del valor de los daños y de las circunstancias del autor.
A esto hay que sumar la responsabilidad civil: quien rompe un radar debe asumir el coste íntegro de reparación o sustitución. Y ahí es donde la factura se dispara.
CUÁNTO CUESTA UN RADAR
Los radares no son simples cámaras. Incorporan tecnología de medición láser o sistemas de cálculo de velocidad media, cámaras de alta resolución y equipos de transmisión de datos conectados con los centros de gestión de la DGT.
Según datos difundidos por el propio organismo, un radar fijo puede rondar los 67.000 euros, mientras que uno de tramo se sitúa en torno a los 66.000 euros. En algunos casos, solo la cabina exterior puede costar varios miles de euros, pero si el daño afecta al sistema completo, la cifra se multiplica.
Eso significa que, además de enfrentarse a una posible condena penal, el responsable puede tener que abonar decenas de miles de euros. Si el destrozo ha sido intencionado, el seguro no cubrirá los daños.
NO SOLO RADARES: OTROS ELEMENTOS VIARIOS
El radar no es el único elemento protegido. Dañar paneles de señalización variable, semáforos, farolas o barreras metálicas también conlleva sanciones y la obligación de pagar la reparación.
En el caso de los radares, la gravedad es mayor porque su función está directamente vinculada a la seguridad vial. La DGT recuerda que estos dispositivos no solo detectan excesos de velocidad, sino que buscan reducir la siniestralidad en puntos especialmente sensibles.
La conclusión es clara: romper un radar puede salir mucho más caro que levantar el pie del acelerador. Entre multas, indemnizaciones y posible prisión, el enfado momentáneo puede convertirse en un problema judicial de largo recorrido.
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