El Gobierno de Aragón ha expresado este jueves por la noche su rechazo frontal al nuevo reparto de más de 4.400 menores no acompañados procedentes de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, pactado por los Ejecutivos Central y canario. La nueva hoja de ruta, ha explicado la vicepresidenta y portavoz de la DGA, Mar Vaquero, reduce la carga de acogida para Cataluña y el País Vasco, algo que las Comunidades presididas por el Partido Popular han entendido como una ruptura “con el principio de solidaridad”. “No vamos a ser cómplices, responde a los intereses de Pedro Sánchez y no vamos a admitir esa quiebra”, ha subrayado Vaquero.
Palabras con las que la número dos de Jorge Azcón no ha detallado si cesarán la acogida, aunque el pacto va contra los acuerdos “incluso de las conferencias sectoriales”. “Sánchez crea un privilegio, el que ha mantenido con la financiación autonómica y claramente nos perjudica. Ha demostrado estar dispuesto a tratar desigualmente a las Comunidades Autónomas, algo que tiene que ver claramente con una cuestión humanitaria”, ha continuado Vaquero, quien ha incidido en la “falta de solidaridad” respecto a los demás gobiernos autonómicos.
La DGA ha salido así al paso de la noticia surgida tras la reunión entre la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente canario, Fernando Clavijo. Desde el Gobierno Central sostienen que los términos pactados son “muy similares” a los de 2022, “que contaron con el consenso de todas las Comunidades Autónomas”.
Algunos de los factores tomados en cuenta entonces y que vuelven a la palestra son la población de cada territorio, la renta, su tasa de paro, la dispersión territorial y “el esfuerzo previo en cuanto a la acogida”. Sira Rego ha subrayado este último al entender que se requiere “dimensionar el sistema a nivel nacional”, pues “presenta grandes desigualdades” entre territorios. La responsable ministerial espera que el acuerdo esté listo próximamente para poder iniciar el traslado de las personas. Se desconoce de momento el número que podría recibir Aragón, que cuenta con unas 1.000 plazas a día de hoy. Se sigue trabajando, ha apuntado Rego, en dotar de una financiación adecuada para llevar a cabo estas actuaciones, algo que han reclamado desde el Pignatelli en repetidas ocasiones.
“Hemos garantizado que el interés superior del menor se proteja por encima de cualquier otra consideración". Hemos obtenido seguridad jurídica en un tema que a Canarias le preocupaba”, ha declarado Clavijo. Sea como fuere, la propuesta está pendiente de su aprobación en el Congreso, para lo que el Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez deberá negociar con sus socios.
