Aragón, al igual que el resto de Comunidades Autónomas que están lideradas por el Partido Popular, ha decidido ausentarse este jueves de la Conferencia Sectorial de Infancia convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para abordar el reparto de cerca de 4.000 menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla. Se justifica así en una oposición frontal al Gobierno de Sánchez y al intento de imposición forzosa de los menores utilizados como "instrumento político". Aún así, nada cambia y el reparto será efectivo a finales de verano.
El Ejecutivo autonómico rechaza tanto la forma como el fondo del plan impulsado por la ministra Sira Rego. En un comunicado difundido a última hora de este miércoles, el Departamento de Bienestar y Familia criticó que el orden del día de la Conferencia fue rechazado previamente por mayoría en la Comisión Sectorial, algo que, según recuerdan, “exigen las normas que rigen su funcionamiento”. Para el Gobierno de Aragón, la reunión es “una imposición sin consenso” que “ignora la voluntad de las Comunidades Autónomas”.
FINES POLÍTICOS
Más allá del procedimiento, el Ejecutivo de Jorge Azcón ha cargado contra lo que considera un uso instrumental de los menores con fines políticos. “Nos negamos a convertir a los menores en objetos de intercambio político. Son personas a proteger, no paquetes a repartir”, han denunciado. Concretamente, la acusación va directa al presidente del Gobierno. “Pedro Sánchez sólo piensa en Pedro Sánchez”, han afirmado, al tiempo que subrayan que su “compromiso es con el interés del menor, no con el interés de Pedro Sánchez”.
Al mismo tiempo, uno de los argumentos centrales del rechazo aragonés es el estado actual de los servicios de protección. El Gobierno autonómico advierte del “riesgo real de colapso” de un sistema que “ya funciona al límite de su capacidad”. La llegada forzosa de más menores “nos obligaría a abrir macrocentros que imposibilitan su atención personalizada e integración”, y lamentan que no exista ni planificación ni recursos garantizados por parte del Estado. Según las últimas filtraciones Aragón debería acoger hasta 251 de estos menores migrantes no acompañados en los próximos tiempos.
LOS CRITERIOS Y FALTAS DE GARANTÍA
La crítica también alcanza al reparto territorial. Aragón denuncia que los criterios diseñados por el Gobierno central son “arbitrarios” y que “excluyen del reparto a Cataluña y País Vasco”, en referencia a los socios parlamentarios de Sánchez. “Solo busca enfrentar a las Comunidades Autónomas entre sí”, han afirmado, reclamando “respeto institucional” y el fin del “gobierno a golpe de decreto”.
Además, otro de los puntos que genera especial preocupación en el Ejecutivo aragonés es la falta de garantías en la determinación de la edad real de los migrantes que serían trasladados. Consideran que el sistema actual “fomenta el fraude en la declaración de minoría” y reclaman que el Estado “debe velar por la verdad y la legalidad, no incentivarlas a la carta”.
EL EFECTO LLAMADA
Desde Aragón se insiste también en el “efecto llamada” que puede tener el anuncio de nuevos repartos. Citan el propio Real Decreto aprobado en marzo, que reconoce un incremento del 700% en la llegada de menores migrantes en solo tres años. “¿Hasta cuándo tendremos que seguir acogiendo?”, se han preguntado desde el departamento de Bienestar y Familia de la DGA, exigiendo que sea el Gobierno central quien se haga cargo “de manera directa y con financiación propia” en situaciones de emergencia como la actual.
