Zaragoza.- El salón de actos de la Feria de Muestras de Zaragoza ha acogido la primera sesión del juicio contra la aerolínea Ucranian-Mediterranean Airlines y las aseguradoras Chapman y Busin, como presuntos responsables civiles del accidente del avión Yakolev-42 en el que murieron 62 militares españoles en Turquía, 21 de ellos destinados en la Base Aérea de la capital aragonesa, el 26 de mayo de 2003. El juicio da comienzo este martes para continuar este miércoles y el jueves.
En esta primera sesión los ocho abogados de la acusación, representantes de las familias de los militares fallecidos a su regreso de misión en Afganistán, han mantenido la tesis de que las tres empresas deben asumir compensaciones por valor de un millón de euros por fallecido. Ello es así porque, según estos letrados, queda claramente demostrado que las condiciones del avión siniestrado así como la preparación de los pilotos y de la tripulación no eran las adecuadas para el traslado de los militares fallecidos. De ahí que la responsabilidad civil debe ser asumida por UM-Air, por la contratista inglesa y por la aseguradora ucraniana, tal y como explica el letrado Antonio Sarabia.
La base conceptual sobre la que trabajan los abogados demandantes estriba en la Convención de aviación civil de Varsovia. Creen que el contrato que el Ministerio de Defensa delega en la agencia internacional Namsa, y se adjudica a Ucranian-Mediterranean, entra dentro de este convenio de transporte de pasajeros, aunque sean en este caso militares de vuelta de misión, pues el avión no es de combate. Esta convención internacional implica una serie de requisitos técnicos, de seguridad y de control no cumplidos por UM. De ese incumplimiento se deben derivar responsabilidades económicas, las que solicitan los abogados de las familias.
Vuelo "militar"
Sin embargo, la tesis de la defensa, representada por el abogado Rodolfo González Lebrero, de UM-Air, ha tratado de cuestionar hasta qué punto este vuelo del Yak-42 se sometía a esta Convención de Varsovia. En este sentido, la comparecencia de los testigos de la primera sesión ha girado entorno a la existencia o no de billetes de vuelo en los trayectos militares contratados a UM-Air. El cabo Sergio Manzano había viajado en el vuelo de ida a Afganistán, en otro Yak; no tiene constancia de la existencia de billetes.
Una doble línea argumental ha sido defendida por González Lebrero. En este sentido, sus preguntas a la capitana Gema Álvarez, de Intervención de Defensa y, sobre todo, al cabo Sergio Manzano han ido a demostrar que son los altos mandos militares los que validan el viaje del Yak-42. Y que, a su mandato, la malograda expedición militar que vuelve de Afganistán ha de someterse al régimen militar de obediencia y disciplina y, por lo tanto, montar en el avión siniestrado “sin libertad de elección”, concepto clave para la defensa a la hora de encuadrar el vuelo en la Convención civil de Varsovia.
Asimismo, González Lebrero afirma que, si se considera que el Yak-42 de UM Air se adscribe a este convenio, “no hay legitimidad” de las familias para solicitar indemnizaciones más allá de 130.000 euros, que es todo lo que la aerolínea está dispuesta a asumir. Lebrero quita importancia a la existencia o no de billetes. Y asegura que el aparato estaba “en condiciones para volar” y que los pilotos y la tripulación no son los únicos responsables del accidente. Para Lebrero, UM Air “ha cumplido con las medidas de seguridad”. Y recuerda que algún familiar ha presentado demanda civil contra el Estado, y que Defensa ya ha anticipado 75.000 dólares en indemnización a las familias.
“No estaban obligados a volar”
Algo que ha confirmado el testigo de más alta graduación militar de los que han comparecido este martes, el teniente general Juan Luis Ibarreta, general de División en el momento del accidente, el 26 de mayo de 2003. Ibarreta reconoce que el transporte de las tropas desde Afganistán respondió a “logística militar”, planeada desde las Fuerzas Armadas, y que no existían alternativas propuestas por Defensa para la vuelta de los militares después fallecidos en Trabzon (Turquía).
Sin embargo, el general Ibarreta ha señalado que los soldados y oficiales que deben ser trasladados en avión “no tienen obligación de viajar”; declaración que resta validez a la tesis de la defensa, aunque el propio general reconocía su firma en documentos que atestiguaban la no expedición de billetes para estos vuelos subcontratados. Insiste González Lebrero en el sometimiento de los militares a disciplina castrense, que les obliga a viajar en el Yak-42; ha querido apoyarse en el testimonio del teniente coronel Manuel Godoy, mando en Afganistán en 2003 quien, sin embargo, no ha acudido.
Puestas sobre la mesa las estrategias de la defensa y los demandantes, el juicio se reanudará este miércoles con la presentación de pruebas periciales por ambas partes. Se espera el testimonio de tres testigos más y, sobre todo, se espera la presencia de algún representante tanto de la contratista Chapman como de la aseguradora Busin. Los ingleses están declarados en rebeldía, según los abogados de las familias. Los ucranianos mantienen un representante legal en el juicio, sin presencia aunque se les ha requerido para declarar. Una actitud que, a juicio del abogado Antonio Sarabia, es desalentadora y reflejo de su autoridad moral en el pleito.
