Piden al Gobierno devolver el IVA de las balizas V-16: “No se debe hacer caja con una obligación legal”
La Asociación Española de Consumidores ha solicitado al Gobierno que no se beneficie fiscalmente de la compra obligatoria de las nuevas balizas V-16 conectadas, que sustituirán a los tradicionales triángulos de emergencia a partir del 1 de enero de 2026. Según la organización, se trata de un gasto impuesto por normativa y, por tanto, no debería suponer una fuente de recaudación para Hacienda.
Con esta nueva exigencia, todos los conductores que circulen por España deberán llevar en su vehículo una luz V-16 homologada y conectada, aprobada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta transición obligatoria, que busca mejorar la visibilidad y seguridad en carretera, implica un desembolso económico notable, que según los análisis de la Asociación varía entre 30 y 90 euros, dependiendo del fabricante y del punto de venta.
“El Estado no debería hacer caja con una compra obligatoria”, ha expresado la Asociación en un comunicado, aludiendo al IVA recaudado, que calculan podría alcanzar hasta 250 millones de euros en el conjunto del parque automovilístico español. Por ello, proponen que los conductores que presenten la factura de compra reciban una devolución fiscal del impuesto como medida social y de apoyo al ciudadano.
Además, alertan de un riesgo añadido para los compradores: la proliferación en el mercado de balizas no homologadas, que pueden inducir al error y provocar sanciones por parte de la Guardia Civil o la Policía Local. En este sentido, recomiendan verificar que el producto cuenta con la homologación oficial de la DGT antes de adquirirlo y comparar precios entre diferentes tiendas y plataformas para evitar sobrecostes.
Desde la Asociación Española de Consumidores subrayan que este cambio normativo, aunque está orientado a mejorar la seguridad vial, no debe convertirse en una carga económica injusta para millones de conductores. Por ello, insisten en que el Gobierno actúe con responsabilidad fiscal y vele por el equilibrio entre seguridad y protección al consumidor.